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Enérgica respuesta al documento episcopal sobre el divorcio

La izquierda española, el equipo del ministro de Justicia, Francisco

Fernández Ordóñez, y las organizaciones feministas han reaccionado

enérgicamente ante el documento «anatematizador» que ayer hicieron público

los obispos sobre el actual proyecto de ley de Divorcio, aprobado a finales

de diciembre por la Comisión de Justicia del Congreso. Precisamente en

aquellas fechas, el presidente de la comisión, Oscar Alzaga, ahora

encuadrado en el sector democristiano de UCD más próximo a la postura

episcopal, declaraba a EL PAÍS que el Grupo Parlamentario Centrista no iba

a plantear problemas en el tema del divorcio, y recordaba que, en realidad,

el texto final era obra de los democristianos: elaborado en la época de

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Divorcio: el mínimo aceptable
Texto íntegro de la Comisión Episcopal sobre el divorcio

Landelino Lavilla como titular de Justicia, presentado en el Congreso por

Iñigo Cavero y «modificado» por José Antonio Escartín. El documento de la

permanente episcopal, «cumpliendo nuestro deber de pastores del pueblo de

Dios», reitera una vez más la indisolubilidad del matrimonio como «derecho

natural» y se muestra especialmente beligerante con el divorcio por mutuo

acuerdo, ya que, en su opinión, da lugar al repudio, e interpreta que los

acuerdos jurídicos Iglesia-Estado han sido quebrantados. Las reacciones no

se hicieron esperar. Mientras el líder de Alianza Popular, Manuel Fraga,

que considera el documento «muy bueno y muy oportuno», la izquierda

parlamentaria emitió sendos comunicados con duras críticas al texto de los

obispos: para el PSOE, se trata sencillamente de un documento

«desestabilizador»; para el PCE, «la Iglesia ha dado un giro radical en lo

que venía siendo una discreta postura en defensa de la democracia». El

ministro de Justicia recordó que es el Parlamento y no una institución

extraparlamentaria quien tiene la última palabra, en tanto aquél es

representante legítimo del pueblo español, y los portavoces de su equipo

argumentaban jurídicamente en contra de todos los puntos enumerados por el

documento episcopal.

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