Los fiscales se coordinan para impedir que Batasuna vaya a las elecciones con otro nombre

Fiscales de las tres provincias vascas y Navarra se reunieron ayer con expertos de la Fiscalía General del Estado para comenzar a coordinar la estrategia que impida la concurrencia de militantes de la disuelta Batasuna a las elecciones municipales del 25 de mayo, integrados en partidos o agrupaciones de electores. Los fiscales vigilarán especialmente las "listas limpias" que respalden a las agrupaciones de electores, impugnarán las candidaturas que mantengan relación de continuidad con Batasuna y acudirán a la Sala Especial del Supremo, quizá incluso después de las elecciones.

La estrategia para evitar que los militantes de la disuelta Batasuna concurran a las elecciones municipales va a ser coordinada por el fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Rogelio Gómez Guillamón, que se reunió, bajo la presidencia del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, con cuatro fiscales de las provincias vascas y Navarra, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Herrero, y otro fiscal de su departamento, dos de lo Contencioso del Supremo y otros dos del Tribunal Constitucional.

Los fiscales analizaron la posibilidad de que la plataforma AuB, (Plataforma por la Autodeterminación) que actúa visiblemente como continuadora de la ilegalizada Batasuna, se inscriba en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Este supuesto no resulta inquietante, ya que previsiblemente el ministerio del Interior denegaría la inscripción, y en todo caso, los fiscales podrían instar su inmediata ilegalización y ante la Sala especial del Tribunal Supremo que ha ilegalizado Batasuna y que tiene la misión de declarar improcedente a las entidades continuadoras de un partido disuelto.

Fuentes de la Fiscalía se inclinaron por considerar que la plataforma AuB será utilizada como señuelo para presentarse en circunscripciones donde carezcan de buenas expectativas electorales. Allí donde se presenten podrán instarse inmediatamente de la Sala Especial del Supremo la improcedencia de de su actividad por su conexión con un partido ilegalizado, invocando la Ley de Partidos Políticos.

Por eso, los fiscales se centrarán más en las agrupaciones de electores, aún a sabiendas de que puede llegar a haber hasta cuatro o cinco por municipio en los aproximadamente 400 municipios vascos.

Esas agrupaciones de electores necesitan un número de firmas que no tienen porqué ser las de los candidatos, por lo que en principio la Fiscalía cuentan con que les presentarán "listas limpias" que tendrán que ser analizadas para ver detrás de cual se sitúan los continuadores de Batasuna. Ése será el papel principal de los fiscales del País Vasco y Navarra, informar de las candidaturas que previsiblemente oculten a los sucesores del partido ilegalizado.

Frente a esa eventualidad, los fiscales tratarán en un primer momento de impugnar ante cada junta electoral provincial la proclamación de candidatos y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo de proclamación de candidaturas finaliza en 1 de mayo y durante los días 2 y 3 se podrán impugnar aquellas que se consideren irregulares. Esos recursos tienen un plazo de resolución muy corto y por lo que no paralizarán la campaña electoral.

En otro caso, la Fiscalía intentará que los tribunales suspendan las candidaturas sospechosas durante el periodo electoral, si bien para ello tendrán que presentar demandas "con un mínimo de prueba". También se contempló la posibilidad de llevar ante la Sala especial aquellas candidaturas que, tras las elecciones, se pueda demostrar que son sucesoras de Batasuna, especialmente si han alcanzado una representación significativa.

El Ministerio del Interior borró ayer del Registro de Partidos Políticos las inscripciones de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó la formación radical abertzale. La cancelación de la inscripción supone que las tres formaciones han dejado de existir legalmente como partidos políticos y que pierden su personalidad jurídica, según explicó el ministro del Interior, Ángel Acebes.