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RTVV ratifica la privatización de Canal 9 con los votos del PP

La oposición insiste en la ilegalidad de los pliegos de condiciones

El consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ratificó ayer la aprobación de los pliegos de adjudicación de la gestión privada de informativos, programas y publicidad con el voto en contra de los representantes del PSPV y de EU. La oposición insistió en la ilegalidad de los pliegos y de su proceso de debate. Los representantes del PP afirmaron que el nuevo modelo de gestión se ajusta a la ley.

Unos 60 trabajadores de RTVV se congregaron a las 16.00 ante la fachada de la sede del consejo de administración del ente para protestar por la privatización del canal público autonómico. Media hora más tarde se celebró la sesión en la que se ratificaron los acuerdos de modificación del plan de actuación y pliegos de condiciones para la privatización de Canal 9, acuerdos que se aprobaron el pasado 24 de marzo con la ausencia de los consejeros de la oposición socialista. Los consejeros a propuesta del PSPV y de EU pusieron sobre la mesa 200 modificaciones que deberían hacerse en los pliegos y advirtieron de las ilegalidades que a su juicio encierran, así como de las acciones legales que de ello se podrían derivar. Según los consejeros de la oposición, el director general del ente, José Vicente Villaescusa, se limitó a contestar con un "no" a cada una de las propuestas de reforma y a insistir en que los pliegos tienen el visto bueno de los técnicos tanto en materia de adecuación a la ley como presupuestaria. Finalmente, y después de que los cinco consejeros de la oposición hicieran constar en acta su expresa desvinculación, la modificación del plan de actuación y los pliegos fueron aprobados, con cinco votos en contra.

Miguel Mazón, consejero por el PSPV, afirmó al término de la sesión que "el director general de RTVV se ha negado a atender cualquiera de las 200 propuestas de modificación que le hemos hecho. Ni siquiera se ha dignado a atender las advertencias de ilegalidad que le hemos hecho". Mazón calificó la sesión de ratificación de "chapucera". "Pretende corregir, porque tienen miedo, la nulidad de pleno de derecho de la sesión anterior a la que no nos dejaron entrar y en la que se realizó una votación fraudulenta, se impidió el ejercicio de nuestra función", añadió.

Dolors López, también consejera por el PSPV, dijo ayer que "los responsables de RTVV están actuando al dictado, llevándonos a un callejón sin salida, por ello nos hemos visto en la necesidad de hacer constar que nos desvinculados de la decisión, sobre la que hemos votado en contra, y no asumimos ninguna de las consecuencias que de ella se deriven". Glòria Marcos, consejera por EU, afirmó que "cuando la justicia diga que esto ha sido un fraude, habrá adjudicatarios perjudicados que pedirán compensaciones por lo ocurrido. No queremos ser cómplices de ello".

Pero la mayoría de consejeros, a propuesta del PP, manifestó otra visión de los hechos. Víctor Campos, portavoz, explicó: "La sesión de ratificación es una deferencia hacia los consejeros socialistas, porque la representante de EU sí pudo entrar el día de la votación, y ha vertido críticas y versiones falsas de lo ocurrido". Campos agregó que "todo se está haciendo de acuerdo a la legislación vigente, con la supervisión de los técnicos. Las críticas del PSPV son electoralistas"

Campos, que confirmó que el uso de la palabra estuvo en un 80% del tiempo en manos de los consejeros socialistas, dijo que "están garantizados, como no puede ser de otra manera, la titularidad pública de la televisión y los puestos de trabajo". Añadió que "este modelo ha recibido el respaldo del ministro Josep Piqué, y si hay algún error, se modificará en su momento, aunque los técnicos no ´ven ninguno".

En el fondo de la cuestión está, entre otras cosas, que el pliego de condiciones se ha aprobado sin que previamente se modificara el plan de actuación, que es el marco al que debe acogerse. Son los pliegos los que modifican un plan de actuación. "No le cabe a nadie en la cabeza que se convoquen unas oposiciones y a través de ellas se modifique una ley", dijo Marina Gilabert, del PSPV.

Piqué quiere generalizar el modelo

El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, afirmó ayer que el Gobierno quiere "generalizar" el modelo de privatización de la gestión de los canales autonómicos. Piqué explicó en Valencia que en el anteproyecto de ley del sector audiovisual, que espera se apruebe en esta legislatura aunque los plazos son "muy ajustados", se introduce ese "criterio de posibilidad de privatización con carácter general" porque le parece "que ese es el modelo". Asimismo, señaló que los servicios jurídicos del ministerio están analizando el concurso para la privatización de la gestión de Canal 9, para ver si cumple "la legislación vigente". La oposición ya ha anunciado que recurrirá, por considerarlos ilegales, los pliegos de condiciones para privatizar los servicios informativos, la producción de programas y la publicidad de Canal 9. Piqué se mostró seguro de que, aunque hay que esperar al resultado del estudio, "las cosas se están haciendo bien" y "por lo tanto no tiene que haber mayores problemas".

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