Los operadores de radio alertan sobre las incertidumbres del sector

La radio española se enfrenta a un futuro incierto, provocado especialmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la implantación de la radio digital. En este horizonte de "insospechadas incertidumbres", según la evaluación efectuada ayer por el director general de la unidad de medios de comunicación en España del Grupo PRISA, Augusto Delkader, triunfarán los operadores que apuesten por "la creatividad y la innovación programática".

Durante la última jornada del seminario sobre Derecho de la competencia, organizado por la Universidad San Pablo-CEU, Augusto Delkader sostuvo que las frecuencias analógicas quedarán superadas, ya que la radio se podrá sintonizar incluso a través del teléfono móvil. Será un campo abierto y no sujeto a las autorizaciones administrativas, "que han supuesto un corsé para el desarrollo del medio".

El consejero delegado de la Cope, Rafael Pérez del Puerto, criticó la obligatoriedad de emitir en sistema digital y el empeño del Gobierno en hacer de España el primer país del mundo en implantar esta tecnología. "España no tiene capacidad para ser pioneros", dijo. En su opinión, tienen que ser "los países ricos y poderosos" los que avancen en esa dirección. El director de RNE, José Antonio Sentís, exoneró al Gobierno de esta situación atípica (las cadenas de radio están obligadas a emitir en digital, pero nadie las puede oír) y atribuyó la responsabilidad al mercado y al elevado precio de los receptores. Para "tranquilizar" al sector, el director de RNE aseguró que la radio pública no tiene previsto entrar a competir en el mercado publicitario ni pelearse por el número de oyentes. "Nuestra competencia es cualitativa, no cuantitativa", subrayó.

Las jornadas fueron clausuradas por la comisaria europea de Educación y Cultura, Viviane Reding, que resumió las líneas de la política audiovisual comunitaria en tres ejes: la creación de legislación antimonopolio, el control de las fusiones y adquisiciones y la intervención de los estados en la financiación de los medios de comunicación públicos para evitar situaciones de competencia desleal. En este punto, precisó que se prevé una limitación de la financiación estatal a las necesidades estrictamente vinculadas al correcto desarrollo de su función como servicio público.