El Ayuntamiento de Pamplona revisará la legalidad de las obras en la vivienda de la alcaldesa

La alcaldesa de Pamplona, la regionalista Yolanda Barcina, negó ayer que haya realizado obras ilegales en su domicilio en la capital navarra, pese a lo cual el área de Obras e Infraestructuras del consistorio analizará la denuncia que han interpuesto cinco vecinos contra ella.

Los denunciantes, miembros de movimientos vecinales, sostienen que Barcina compró y agrupó ilegalmente siete trasteros bajo cubierta en un solo espacio habitable de 72 metros cuadrados y luego los unió a un ático de su propiedad de 116 metros cuadrados con una escalera, creando así un dúplex que, según los denunciantes, vulnera las ordenanzas municipales de construcción. La acusación se extiende a la construcción sin licencia de una piscina privada en la terraza de la vivienda.Las obras de reforma fueron dirigidas por el marido de Barcina, el arquitecto José Vallejo, quien fue al mismo tiempo el director de obra del inmueble de 69 pisos en el que se encuentra la vivienda, una finca promovida por la empresa Avanco situada en el barrio de Mendebaldea.

La alcaldesa replicó ayer que nunca ha hecho obras en su casa. Recordó que vive desde hace 13 años en el mismo piso y que los cambios que cita la denuncia ya estaban consolidados cuando en 1989 la pareja estrenó el dúplex.

Escrituras

Fuentes municipales añadieron que las escrituras de la finca permiten la unión de viviendas y trasteros y matizaron que, de haber alguna irregularidad, sus efectos administrativos habrían prescrito a los cuatro años de su realización, según la legislación vigente. La denuncia asegura que tales escrituras son ilegales y que Barcina también las incumplió al hacer los trabajos sin licencia administrativa.

La denuncia recuerda que la ordenanza general de edificación de Pamplona establece que los trasteros son locales "no habitables" y no pueden tener comunicación directa entre sí o con vivienda, "siendo su uso el de desahogo del propio edificio". Agrega que ninguna escritura privada puede contrariar lo establecido en las normas municipales y apunta que la alcaldesa lleva más de una década pagando los impuestos municipales de una parte de su vivienda como si fueran trasteros, dado que así siguen figurando en el Catastro.Respecto al cerramiento de la terraza (50 metros cuadrados) y la habilitación en su interior de una piscina, los denunciantes recuerdan que las terrazas son espacios de propiedad comunitaria y uso exclusivo de los propietarios y añaden que las obras se realizaron, como el resto, sin presentar proyecto alguno al consistorio y sin licencias.

La denuncia concluye que la promotora Avanco obtuvo en 1987 la calificación de Vivienda de Protección Oficial para el inmueble. En enero de 1998, el Gobierno foral accedió a la petición de la promotora para convertir los pisos en vivienda libre. Según la denuncia, el valor de mercado del dúplex asciende a unos 480.000 euros, mientras su valor catastral se queda en 109.000 euros.