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ERC propone un sistema presidencialista con mandatos de cinco años

Los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se sumaron ayer a la carrera de nuevos proyectos de Estatuto que preparan todos los partidos catalanes, excepto el PP. El Estatuto Nacional de Cataluña -así se llama el proyecto de ERC- que entrará en el Parlamento autónomo junto a los de los otros partidos, propugna la instauración de un sistema de tipo presidencialista con la elección directa del presidente de la Generalitat, con un mandato tanto para él como para el conseller en cap de cinco años (ahora son cuatro), renovables por una sola vez.

El proyecto estatutario de ERC, que será presentado oficialmente la semana próxima, fue dado a conocer ayer en sus aspectos básicos por el secretario general del partido, Josep Lluís Carod. Este proyecto representa, según Carod, "una actualización" del texto que los independentistas catalanes dieron a conocer en 1979, y ha sido elaborado por el portavoz de ERC, Joan Ridao, y por el ex portavoz parlamentario de CiU y actualmente militante republicano, Raimon Escudé.

El Estatuto que desea ERC parte del principio de que todas "las naciones sin Estado propio" tienen derecho a la autodeterminación, y desde esta base, propugna que Cataluña se defina como "un Estado Libre Asociado al Reino de España, dentro de la UE".

Carod ha recordado que su partido ya defendía esta fórmula en 1979. "No es que la hayamos copiado de la propuesta análoga del lehendakari [Juan José] Ibarretxe", dijo Carod.

En el texto, la formación independentista expresa su deseo de que exista un "espacio social catalán" que haga posible "un Estado catalán del bienestar" con competencias sobre inmigración, asilo y extranjería, trabajo, planificación económica y servicios de cohesión social, informa Efe.

En relación con el sistema de financiación, Esquerra Republicana preconiza un "concierto económico", pero admite que sea complementado con "un fondo de cooperación catalán" destinado al desarrollo de los territorios españoles más desfavorecidos, y que representaría el 2,5% del PIB, pero sólo durante un período de 10 años como máximo.

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