Las autonomías acusan al Gobierno de relegar a decretos aspectos básicos de la educación

Los recursos argumentan que vulnera sus atribuciones sobre "organización y desarrollo"

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) incluye medidas que, a juicio de los responsables de las siete comunidades que la recurrirán al Tribunal Constitucional, además de "invadir" sus competencia respecto a "la organización de las enseñanzas y el desarrollo de su contenido", "merman el derecho a una educación de calidad para todos". Éstos son sus argumentos, comunes en la mayoría de los casos:

- Enseñanzas comunes. Los artículos de cuya constitucionalidad más duda el Ejecutivo catalán son los que atribuyen al Gobierno central la potestad de dictar las enseñanzas comunes que deberán ser aplicados por las comunidades autónomas, según la Generalitat. También lo considera así Baleares, cuyo consejero de Educación, Damià Pons Pons, afirma que la LOCE impide la adaptación de la enseñanza a la realidad de las "características culturales, lingüísticas, geográficas, demográficas y sociales de cada comunidad".

"Si mañana el Gobierno desea poner cinco itinerarios, puede. Si quiere doce, también"
"La lengua catalana recibe un trato discriminatorio, de asignatura del montón"

El viceconsejero de Educación de Asturias, José Luis Iglesias Ripedre sostiene que la ley "invade competencias" que el Estatuto de Autonomía atribuye al Gobierno asturiano y que "quiere desarrollar por vía reglamentaria lo que se tenía que haber definido en la ley". Esta comunidad considera que "se sustraen además las competencias, o quedan relegadas a meras consultas, en aspectos como las titulaciones, las modalidades de bachillerato y la promoción de curso".

El consejero de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, José Valverde, afirma "se está limitando el desarrollo del currículo en su adaptación a la realidad y al contexto regional". También se invaden competencias en lo relativo a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales, la ejecución de la enseñanza no universitaria y la organización de los estudios, añade el consejero.

- Lenguas propias. El consejero de Educación de Baleares explica que con la nueva norma "queda en precario" la enseñanza de la lengua propia de esta comunidad, "que deja de ser básica y pasa a ser sólo en asignatura potestativa". Critica que los programas específicos de lengua y cultura para a niños extranjeros sólo incluyen al español .

"Habrá grandes problemas para poder garantizar una enseñanza equilibrada bilingüe", insiste Damià Pons, que extiende su alarma a los seis primeros decretos que desarrollan la Ley de Calidad, presentados por el ministerio: "Dificultan la equiparación horaria entre la enseñanza de la lengua catalana y la castellana". Las horas dedicadas a las clases de español "se convierten en intocables y se fuerza a ampliar el horario total lectivo o utilizar otras clases con las que se podrían mantener la proporcionalidad o, en todo caso, a incrementar la carga de horario semanal", añade este consejero.

La lengua catalana, en el desarrollo de la LOCE, "recibe un trato discriminatorio absoluto, de asignatura del montón, porque no es equiparada ni es considerada materia curricular básica, mientras que se establece que el castellano y las matemáticas son dos asignaturas que con suspenso impiden superar el curso", resalta Pons.

El Gobierno catalán no ha hecho declaraciones sobre este tema.

- Educación preescolar. El Gobierno de Castilla-la Mancha considera que la invasión de competencias "se evidencia en materia de asistencia social, al crear una etapa preescolar dotada de carácter asistencial, como dice la propia ley".

El Ejecutivo socialista de Asturias rechaza que en educación preescolar haya "una ausencia total de regulación básica en la Ley de Calidad sobre los contenidos de esta etapa, carencia que contraviene", asegura el Gobierno de esta comunidad, "la jurisprudencia constitucional porque emplaza al Estado a concretarlo mediante el desarrollo de reglamentos". También Cataluña discute la constitucionalidad de las disposiciones de la LOCE que otorgan al Estado la libre iniciativa para regular la educación preescolar.

- Formación del profesorado. El Gobierno catalán ha manifestado que recurrirá los artículos de la Ley de Calidad que atribuyen a ésta la regulación de la formación inicial y permanente del profesorado, cuestión en la que, según la Generalitat, el Ministerio de Educación se reserva la posibilidad de desarrollar directamente programas formativos.

- Itinerarios en la ESO. "Entre el conjunto de temas que tenían que estar desarrollados en la ley y que, sin embargo, se dejan al desarrollo del reglamento posterior del Ejecutivo, están los itinerarios de la ESO y la modificación de las modalidades de bachillerato", señala la consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez. "Este asunto ha sido el principal caballo de batalla y, pese a ello, la ley permite al Gobierno central modificar y transformar los itinerarios, es decir, que un elemento clave como es la organización de la educación secundaria no se fija en la ley. Ésta no recoge qué se considera básico, es decir, obligatorio para este nivel".

Martínez añade que esto implica lo siguiente: "Si mañana el Gobierno quiere poner cinco itinerarios en vez de tres o cuatro, puede hacerlo. Si quiere poner doce, también. Lo mismo ocurre con el bachillerato: las modalidades también las fija el Gobierno. Todo esto genera incertidumbre y da inestabilidad al sistema educativo".

El Ejecutivo extremeño se muestra preocupada por los itinerarios. Sus razones son similares: "Nunca los hemos aceptado pero menos ahora que el ministerio puede modificar los que ya están establecidos e incluso añadir otros nuevos", resalta el secretario general de Educación, Ángel Benito Pardo, quien lanza una frase al ministerio: "Haced la ley y dejadme que yo haga el reglamento".

El Principado de Asturias considera que en la creación de itinerarios "se vulneran las competencias autonómicas, que quedan relegadas a la emisión de un mero informe, mientras el Estado copa todas las atribuciones". Castilla-La Mancha hace referencia a la aplicación de los itinerarios: "Tendremos dificultades para poder llevarlos a la práctica porque tenemos muchos centros de secundaria de sólo dos líneas y, si en ellos se tienen que implantar cuatro itinerarios, tendríamos que autorizar itinerarios con cinco o seis alumnos como mucho. Es inviable, porque económicamente no se sostiene", afirma el consejero.

Lo mismo le sucede a Aragón. Su consejera de Educación, Eva Almunia, explica: "Dejar cuestiones como los itinerarios a futuros reglamentos genera un incertidumbre inmensa, sobre todo a la hora de planificar el sistema educativo en la comunidad. Tenemos institutos de dimensiones muy pequeñas, que son secciones de otros más grandes, con lo que fomentamos que se pueda estudiar la ESO y algún ciclo de la FP en comarcas medianas. Pero si tenemos que aplicar los itinerarios, no va a ser viable en muchos casos que esos centros que continuén".

- Repeticiones de curso. "Se produce invasión competencial en la regulación de la promoción de los alumnos de secundaria, ya que el Gobierno central va a fijar a su antojo los requisitos", afirma la consejera andaluza. "No permite que las comunidades intervengan en un asunto de tanto calado para el funcionamiento del sistema educativo como es la promoción de curso". "Otra cuestión que tenían que se deja al desarrollo del reglamento de la ley es lo relativo a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria", añade Cándida Martínez.

- Iniciación profesional. El Gobierno asturiano sostiene que la LOCE tampoco prevé "ninguna participación de las comunidades autónomas en los Programas de Iniciación Profesional (PIP)", que sustituirán a la actual Garantía Social. Se destinará a ellos a los alumnos que vayan peor, a partir de los 15 años. Si superan los dos años de estos estudios, podrán obtener el título de la ESO, por lo que la oposición socialista los considera "un cuarto itinerario oculto".

"No es algo que sea tan coyuntural y tan técnico para que no se plasme en la ley, al menos los principios o directrices fundamentales. Y sin embargo es otra cuestión que se deja al desarrollo posterior", añade sobre estor programas la consejera andaluza.

- Regulación de la lectura. Las comunidades se quejan del exceso de "reglamentismo" del Gobierno del PP. Pons pone el ejemplo de la lectura: "Establece por ley los métodos pedagógicos y la promoción de las actividades que estimulen el hábito de la lectura y la capacidad de los alumnos para expresarse en público, lo que es evidente que no responde, en absoluto, a la regulación básica". Otras posibles medidas inconstitucionales, según estas comunidades, son que el Gobierno "marque la uniformad de salarios del personal y uniformice la inspección educativa".

Esta doble página ha sido elaborada por Sergio Mellado (Andalucía), Concha Monserrat (Aragón), Javier Cuartas (Asturias), Andreu Manresa (Baleares), Isabel Salvador (Castilla-La Mancha), Mar Padilla (Cataluña) y Jeremías Clemente (Extremadura).

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