Siete comunidades creen que la Ley de Calidad acapara su espacio para establecer enseñanzas

La "invasión de competencias legislativas y ejecutivas" por el Gobierno central, recogidas en el estatuto de autonomía de las comunidades, y "la alteración del marco jurídico, al reservarse el Ejecutivo central el desarrollo de normativa básica mediante reglamentos posteriores" son los principales argumentos en los que fundamentan sus recursos los siete gobiernos autonómicos que llevarán la Ley Orgánica del Calidad de la Educación (LOCE) al Tribunal Constitucional.

La cadena de decisiones se ha producido en las dos últimas semanas, tras disponer estos ejecutivos de los dictámenes de sus máximos órganos jurídicos. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura coinciden en la invasión de competencias en materia de enseñanza, función pública y asistencia social. La mayoría de los parlamentos de estas comunidades han aprobado antes que sus gobiernos la presentación de estos recursos.

Las apelaciones -que se deben presentar antes del 13 de abril, cuando se cumplan tres meses desde la aprobación de la norma- apuntan aspectos inconstitucionales en partes o la totalidad de un mínimo de 44 artículos y disposiciones de la ley (como en el caso catalán) y un máximo de 60 (como considera Baleares). El derecho a la educación y la libertad de enseñanza aparece recogido en el artículo 27 de la Carta Magna.

La LOCE incluye reformas en toda la educación no universitaria, pero no deroga las otras tres leyes educativas: la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG).

Los principales cambios son la gratuidad de la educación infantil en los centros privados concertados; la creación de la etapa preescolar, de 0 a 3 años, de carácter asistencial; la división de los alumnos en itinerarios según su rendimiento en 3º y 4º de la educación secundaria obligatoria (ESO) y el cambio de las modalidades del bachillerato. También establece que los alumnos repetirán curso en la secundaria con más de dos suspensos y que deberán superar una revalida para obtener el título de Bachiller.

Seis de las siete comunidades que recurren la ley están gobernadas por el PSOE. La portavoz de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, explica: "El último lugar en el que debe estar la educación es en los tribunales, pero esto es consecuencia de la forma de gobernar del equipo de José María Aznar, es decir, en contra de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas. Olvidan que éstas son las garantes del sistema en sus territorios". Cataluña rehusó hacer declaraciones.