La libertad de concertar o no la infantil

La comunidad autónoma debe tener libertad para firmar convenios, conciertos, ayudas o lo que crea más conveniente para el desarrollo educativo y la garantía de la gratuidad de la enseñanza en su territorio", reclama la consejera de Educación de Aragón, Eva Almunia. "De hecho, el actual Gobierno de Aragón ha ampliado la subvención a los centros privados de infantil; ahora bien, la Consejería no quiere tener la obligación de firmar sólo conciertos, ni nada", añade.

Almunia explica el porqué: "El motivo es que los convenios que tenemos actualmente nos permiten una mayor libertad de retirarlos si los centros no cumplen con sus compromisos por tener una financiación pública. No aceptamos la obligación que establece la LOCE de que los convenios firmados se conviertan en conciertos y que haya que generalizarlos, por eso recurriremos al Constitucional la disposición transitoria 6.2".

"Debe ser la comunidad quien determine, garantice y decida su oferta educativa"

Aragón recurre además por invasión de competencias, entre otros, los artículos 11.2 y 75.5, la Disposición Adicional 18 y 19, así como en la transitoria 6.2. La ley establece así la obligación de financiar la educación infantil en todos los centros privados concertados: "Las administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros públicos y en centros privados concertados para atender la demanda de las familias".

"Debe ser la comunidad quien determine, garantice y decida su oferta, es decir, en qué centros se atiende a este principio, considera la consejera de Aragón. Tampoco está de acuerdo la comunidad en la disposición adicional 19, que "infiere en potestades autonómicas en todo lo que ser refiere a la autorización de centros educativos", añade Almunia.

También el Principado de Asturias aprecia lesión a sus competencias en los conceptos que introduce la normativa estatal sobre la demanda o la libre elección de centros. Asturias argumentará ante el Tribunal Constitucional que la LOCE obliga al establecimiento de conciertos en la educación infantil en función de "la demanda de las familias", lo que, en su opinión, "conculca las competencias del Principado para organizar y planificar la oferta educativa", toda vez que la ley no permite "tener en cuenta, por ejemplo, que haya plazas suficientes en la enseñanza pública para absorber esa demanda". "La Constitución recoge que la suscripción de conciertos educativos ha de responder al principio de programación general de la enseñanza", advierten los responsables educativos asturianos.

El secretario general de Educación de Extremadura manifiesta que también esta comunidad apelará la gratuidad de la educación infantil: "Lo hemos recurrido porque obliga a atender la demanda de los centros públicos y concertados. Lo único que persigue esta medida es que la educación privada se beneficie con esta gratuidad".

"Una ley no puede exigir a las comunidades que garanticen la existencia de puestos escolares gratuitos en centros concertados para atender la demanda de las familias. Esto tiene implicaciones muy graves en el sistema educativo", argumenta la consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez. "Ese artículo es inconstitucional porque está obligando a la comunidad a ofertar, por ejemplo, centros concertados aún en el supuesto de que las necesidades de escolarización estén cubiertas de sobra con las plazas existentes en los centros públicos", explica Martínez. Y añade: "Lo que el Gobierno central no puede hacer es saltarse las competencias que tiene la comunidad andaluza para decidir qué tipo de política educativa realiza y en qué tipo de centros basa su oferta educativa. Éste es un tema de gran calado porque la ley está convirtiendo la demanda prácticamente en un derecho, por lo tanto, es una invasión clarísima en nuestras competencias".

El consejero de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, José Valverde también manifiesta su preocupación sobre cómo una medida de este tipo puede afectar a la política educativa de una comunidad: "No podemos hacer una programación de la oferta respondiendo a la demanda porque los centros están hechos y la demanda puede variar mucho de unos cursos a otros. Lo que es obligatorio para la Administración es dotar de un puesto escolar a todo el que lo pida, si está en una etapa obligatoria, y nada más", añade Valverde.