Las diputaciones exigen intervenir en los planes de seguridad vial

El plan que diseña la política para mejorar la seguridad vial en el País Vasco durante los próximos cuatro años debe aprobarse a finales de este mes. Las tres diputaciones, sin embargo, han expresado sus reticencias al método seguido para ello. En las aportaciones que ya han enviado al Gobierno vasco para perfeccionar el proyecto, reclaman tener un mayor protagonismo en la toma de decisiones, en consonancia con sus competencias en materia de carreteras. La elaboración del plan ha vulto a reproducir las serias diferencias entre los tres gobiernos forales y la consejería de Interior, que encabeza Javier Balza.

El órgano que debe aprobar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2003-2006 es la comisión compuesta por las instituciones públicas (Gobierno vasco, las tres diputaciones y ayuntamientos), autoescuelas, aseguradoras, transportistas y conductores, entre otros estamentos. El principal impulsor de la idea, el Departamento de Interior, quiso sacarlo adelante a finales de enero, y, de hecho, lo llegó a presentar públicamente en aquellas fechas. Sin embargo, contó con la oposición de las diputaciones de Guipúzcoa y Álava, que se negaron a respaldarlo porque desconocían las últimas modificaciones introducidas en el proyecto. Ambas pidieron más tiempo para estudiar las novedades y presentar alegaciones, y se les concedió.

El próximo día 31 está prevista la reunión en que se debatirá de nuevo el plan y, posiblemente, quedará aprobado.Vizcaya, en este caso, no expresó objeciones y se mostró partidaria de sacarlo adelante. Sin embargo, las tres diputaciones, incluida la vizcaína, han presentado aportaciones para mejorar el texto, que entre sus principales objetivos se ha fijado la reducción en un 20% de la mortalidad en las carreteras vascas para el año 2006. Vizcaya ha elevado a Interior varias quejas, aun estando de acuerdo con el contenido global. Esta Diputación considera "un error" que los tres gobiernos forales, con competencias en materia de carreteras, "no formen parte permanente" del órgano que tome las decisiones estratégicas.

Igualmente, entiende que se debe dar mayor protagonismo a los ayuntamientos por sus responsabilidades en los cascos urbanos. La Diputación también opina que Interior, al redactar el plan, ha profundizado poco en otros aspectos, como el análisis de la información sobre accidentes que se obtenga. Tampoco comparte el esquema en forma de "pirámide" diseñado por el Gobierno, donde Interior figura por encima de las demás instituciones. Vizcaya prefiere una repartición de las responsabilidades en consonancia con las competencias que tiene cada administración.

Las diputaciones de Álava y Guipúzcoa, más opuestas aún al plan, también han enviado alegaciones al Ejecutivo. De forma indirecta, en el debate influye el conflicto sobre la gestión del tráfico que enfrenta a Interior con los tres territorios hace casi dos años. Las diputaciones se quejan de que el departamento de Javier Balza se niega a entregarles, de manera sistemática, los datos detallados sobre los accidentes en las carreteras vascas.

Inversiones de Álava

Las aportaciones de las diputaciones no sólo se refieren al Plan Estratégico de 2003 a 2006. El mismo 31 de marzo, al tiempo que se apruebe el texto, se pretende sacar adelante un programa de actuaciones concretas para este año en curso. Y en él, las diputaciones también han presentado sus propias ideas en asuntos relacionados con sus competencias. Álava ha entregado 32 sugerencias para mejorar la seguridad vial este año. Esas ideas se traducen en un gasto total de casi 86 millones de euros, aunque dentro de esa partida se incluye buena parte de la política de infraestructuras viarias, incluida la construcción de nuevas carreteras.

En asuntos más directamente ligados con la seguridad vial, Álava apuesta por redoblar los esfuerzos en el mantenimiento de las carreteras. Ha utilizado, y pretende continuar con ello, un sistema novedoso de estándares en conservación. Este año invertirá 5,6 millones de euros en ejecutarlo. Además, continuará con los servicios que ofrece el controvertido Centro de Control de Carreteras, en especial, la atención telefónica a los usuarios durante las 24 horas. Este servicio cuesta 210.000 euros anuales.

Ya que todas esas partidas propuestas por las diputaciones las financiarán ellas mismas, se espera que no existan problemas para su aprobación, salvo en casos concretos. Hay algunas inversiones que el Gobierno vasco puede entender que son de su competencia. En ese caso, podría reproducirse de nuevo en la comisión de seguridad vial el enfrentamiento que ha llevado a las diputaciones y a la consejería a un litigio ante los tribunales.

En teoría, el conflicto sobre tráfico entre el Departamento de Interior y las tres diputaciones debió resolverse cuando la mayor instancia que existe en el País Vasco para dirimir los litigios de competencias entre instituciones, la Comisión Arbitral, falló a favor de las pretensiones del Gobierno vasco.

Sin embargo, ni la consejería aprovechó la reciente resolución para abrir el camino del diálogo ni las tres diputaciones se han mostrado dispuestas a acatar la orden. En realidad, continúa el problema.