Detenidos tres funcionarios por vender falsos permisos a inmigrantes

La policía detuvo ayer a tres funcionarios de la Oficina de Extranjería de Alicante y a dos inmigrantes magrebíes por falsificar permisos de residencia y de trabajo a extranjeros llegados a España de manera irregular. Los detenidos facilitaban los papeles a cambio del pago de cantidades comprendidas entre los 300 y 500 euros.

Los presuntos responsables del fraude, según fuentes de la investigación, vendían preferentemente la falsa documentación a mujeres inmigrantes de los países del Este de Europa y de Suramérica, obligadas por grupos organizados a ejercer la prostitución en locales de alterne de la provincia.

Fuentes de la investigación confirmaron que los dos empleados de la Oficina de Extranjería arrestados actuaban en connivencia con dos inmigrantes magrebíes afincados en la ciudad desde hace varios años. La red ofrecía a los extranjeros documentos con sellos oficiales que acreditaban que los poseedores estaban en trámite de regularizar su estancia en España.Todo ello con el objeto de eludir a la policía en caso de redadas y prolongar, así, su permanencia irregular en España.

La investigación judicial, que dirigen los juzgados 4 y 5 de Instrucción de Alicante, ha decretado secretas las actuaciones. La Subdelegación del Gobierno, a través de una nota oficial, se limitó ayer a confirmar la detención de los funcionarios. La investigación comenzó hace varios meses por iniciativa de la propia Subdelegación tras tener conocimiento de "supuestas irregularidades" en la tramitación de expedientes a inmigrantes en el citado órgano público.

La Oficina de Extranjería de Alicante ha sido objeto de diversas denuncias por parte de organizaciones humanitarias y de apoyo al colectivo de inmigrantes por la falta de personal y la precariedad de los medios materiales para atender las demandas de los extranjeros. Una de estas denuncias, avalada por 12 organizaciones sociales de Alicante, originó la apertura de un expediente por parte del Defensor del Pueblo. Los colectivos reclamaban la urgente intervención del Defensor del Pueblo ante "las supuestas irregularidades" en la tramitación de expedientes que, en su opinión, acarrea "situaciones de marginación y exclusión de los inmigrantes".

Según las ONG y sindicatos que trabajan con inmigrantes, el trámite de las solicitudes acumula un retraso medio de un año en su resolución.