Los socialistas piden que se amplíe la querella contra Gimeno y Batalla

Los socialistas de Castellón han solicitado la ampliación de la querella contra el alcalde, José Luis Gimeno, el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, y Luis Batalla, administrador de Calviga, filial de Lubasa. Quieren que el juez investigue si, además de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público, en la adjudicación a Calviga de los antiguos terrenos de la estación se dio un delito de "alteración de los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia", tipificado en el Código Penal.

La norma señala que la utilización de información privilegiada será considerada delito siempre que se intente alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia y conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años, o multa de seis a dieciocho meses. La sospecha se centra en el proceso del concurso y posterior adjudicación del Programa de Actuación Integrada (PAI) a la que, finalmente, sólo concurrió Calviga. Ésta fue la empresa elegida para que urbanizara la zona a cambio de la titularidad de un solar de unos 6.000 metros cuadrados sobre el que, según se ha anunciado, se edificará un local de El Corte Inglés, de siete alturas y cinco plantas subterráneas, después de comprárselo a Batalla.

En los informes técnicos que los querellantes adjuntaron en su documentación al presentar la querella, el catedrático de Derecho Penal, José González Cussac, apuntaba la posible comisión de otros dos delitos, el de violación de secretos de negociaciones y el de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Sin embargo, de momento, la instrucción no trata ninguno de los dos.

La solicitud de ampliación no cita a nuevos imputados, sino que va "contra quienes resulten responsables" de la comisión del delito. Para tratar de demostrarlo, la acusación particular presentará testigos y pruebas documentales.

Fuentes del grupo municipal socialista indicaron ayer que "durante la tramitación de las diligencias previas, estamos detectando tantas irregularidades en este proceso urbanístico y en el funcionamiento en general del Ayuntamiento de Castellón, que nos vemos obligados a solicitar la ampliación de la querella a nuevos delitos, ya que entendemos que los imputados atacaron un principio básico como es el de la libre concurrencia". Las mismas fuentes apuntaron que "Gimeno ha convertido el ayuntamiento en el chiringuito privado de varias empresas" y que, con la querella "sólo queremos devolver la transparencia al funcionamiento del Ayuntamiento de Castellón y acabar, de una vez por todas, con el entramado de intereses privados que gobierna nuestra ciudad con el beneplácito de José Luis Gimeno".