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LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

El Gobierno investigará el vínculo con Batasuna de cada una de las decenas de agrupaciones de electores

Expertos constitucionalistas prevén "un colapso judicial" por la probable avalancha de recursos

La posible utilización por parte de Batasuna de agrupaciones municipales de electores para participar en los próximos comicios supondrá "un enorme esfuerzo" para los poderes Ejecutivo y Judicial para intentar evitar la concurrencia de cualquier heredera de la formación ilegalizada. Las juntas electorales y el Tribunal Supremo se verán obligados a investigar "una a una" las decenas de agrupaciones de electores que se presenten para averiguar y demostrar que existen vínculos con Batasuna. Aquellos a los que se les deniegue la inscripción podrán recurrir al Tribunal Supremo, y luego, al Constitucional.

Además, a las agrupaciones electorales les queda aún un último recurso que es acudir al Tribunal de Estrasburgo y, en este caso, las dificultades crecen porque este tribunal "puede tener asumido que Batasuna es ilegal, pero le puede resultar más difícil extenderlo a unas agrupaciones de electores", añaden las fuentes consultadas.

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