Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Contratos-programa para todos

El borrador del anteproyecto de ley del Sistema Universitario Vasco establece por primera vez un instrumento que abre la posibilidad de que el Gobierno financie a las universidades privadas. En los principios generales del título séptimo del documento, que regula el régimen económico y financiero del sistema universitario vasco, se indica que el Departamento de Educación "podrá suscribir con el Rector o Rectora de la universidad correspondiente contratos-programa, que tendrán carácter administrativo y naturaleza subvencional". Hasta ahora, los contratos-programa, esto es, la aportación económica a cambio del cumplimiento de unos objetivos concretos, se habían establecido sólo con la UPV. El primer Plan Universitario es un ejemplo de ello.

El rector de la UPV, Manuel Montero, no ve con malos ojos la ampliación de esta figura a las otras dos universidades de la comunidad autónoma. "No me parece mal, siempre que no se haga al albur. Por eso, me parece conveniente que se establezcan unos baremos, baremos que deberían aparecer en la propia ley", opina.

El rector de Deusto, José María Abrego, valora como un avance la intención del departamento dirigido por Anjeles Iztueta y considera que es de sentido común. "Se dice que la Administración en caso de que lo crea conveniente podrá firmar algún contrato-programa. Si hay algo que una universidad puede hacer con un cierto interés para la sociedad y se puede ayudar a que no lo paguen los estudiantes de sus bolsillos, ¡bendito sea Dios!", exclama.

Similar opinión tiene el rector de Mondragon Unibertsitatea, Inaxio Oliveri: "El tratamiento de las instituciones públicas a la formación está evolucionando y lo está haciendo para bien. Uno de los principales retos de cualquier Administración es elevar el nivel formativo de la población. Los poderes públicos toman mayor responsabilidad y desde ella colaboran también en la formación superior. Parece lógico por tanto exigir actuaciones específicas y ayudas a los centros, eso sí, con criterios claros y que respondan al interés general, planteado con algún tipo de planificación que establezca también cuáles son los derechos y deberes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de marzo de 2003