El PP y el PSOE confían en que el Parlamento vasco disuelva el grupo de Batasuna tras el fallo

Los legisladores del Gobierno y del PSOE que redactaron la Ley de Partidos Políticos con el objetivo de ilegalizar a Batasuna no precisaron las consecuencias que tendría en las instituciones la disolución de una formación política. Por ello la sentencia íntegra de la Sala Especial del Tribunal Supremo que ha fallado ya la ilegalización del partido independentista radical probablemente no incluirá ninguna indicación al respecto, de modo que serán las propias instituciones (ayuntamientos y Parlamento vasco) los que decidan cómo aplican la resolución judicial, como ya sucedió cuando el juez Baltasar Garzón suspendió a Batasuna. Los representantes del PP y del PSOE confían en que los cargos electos de ese partido pasen al grupo mixto.

La Ley de Partidos Políticos sólo establece que, en el caso de ilegalización, "tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto". Pero no precisa qué sucede con los grupos municipales o parlamentarios de la formación ilegalizada.

Batasuna tiene 679 concejales en el País Vasco y siete parlamentarios en la Cámara de Vitoria que forman un grupo que pasó a denominarse Sozialista Abertzaleak tras la suspensión temporal de actividad de la formación independentista radical decidida por el juez Baltasar Garzón el 26 de agosto de 2002.

En el Parlamento de Navarra se decidió la disolución del grupo vinculado a Batasuna y sus diputados pasaron a formar parte del grupo mixto tras la solicitud remitida por Garzón. Pero la Mesa del Parlamento vasco, dominada por los nacionalistas, rechazó la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, pese al requerimiento del juez de la Audiencia Nacional.

Ángel Acebes, ministro del Interior e impulsor de la ley el pasado abril cuando era titular de Justicia, sostiene que la sentencia supone, en primer lugar, que Batasuna como tal ya no podrá presentarse a las elecciones municipales del 25 de mayo ni tampoco cualquier grupo, que con otra denominación, pretenda sustituirle. Pero cree que debe afectar también al funcionamiento de los grupos institucionales de Batasuna y, por tanto, al que mantienen los siete diputados del partido independentista radical en el Parlamento vasco y a los grupos municipales.

José Antonio Bermúdez de Castro, el parlamentario del PP que participó en la elaboración de la Ley de Partidos, asegura que "el espíritu de la norma extiende la ilegalización de un partido por el Tribunal Supremo a sus grupos parlamentarios", tanto autonómicos como municipales.

A juicio del PP, el grupo parlamentario representa al partido y, por tanto, debe acarrear sus mismas consecuencias. Sitúa como precedente la decisión del juez Baltasar Garzón, cuando suspendió la actividad del partido Batasuna, de solicitar a la Mesa del Parlamento Vasco la eliminación de financiación de su grupo parlamentario, Sozialista Abertzaleak y del paso de los diputados al grupo mixto. Pero esa petición del magistrado no fue atendida.

Escaño individual

Bermúdez de Castro matiza que "los parlamentarios permanecerán indemnes como representantes de la soberanía popular, en calidad de independientes o en el grupo mixto hasta que finalice la legislatura autonómica porque, tal y como establece la legislación el escaño es individual. Pero no podrán actuar en nombre del partido en ese período".

"La fuente de legitimidad de los diputados y concejales son los electores, no los partidos políticos", señala José Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE. "Por tanto, no pueden perder su escaño".

Diego López Garrido, negociador por el PSOE de la Ley de Partidos, estima que el propio Tribunal Supremo podría pronunciarse sobre este extremo en su sentencia. Admite que esta cuestión está sometida a debate jurídico. A su juicio, la disolución del grupo parlamentario autonómico es competencia de la Cámara porque, jurídicamente hablando, es autónoma.

Sin embargo, añade López Garrido, los grupos municipales podrían ser disueltos ya que la Ley de Bases de Régimen Local permite que el Consejo de Ministros pueda disolver un grupo municipal por actitudes cómplices con el terrorismo.

En todo caso, la disolución de los grupos municipales se produciría a pocas semanas de que se celebren las elecciones locales, el próximo 25 de mayo.

El diputado socialista Juan Fernando López Aguilar, negociador con López Garrido de esta ley, recuerda que las mesas de los parlamentos tienen autonomía plena para decidir cómo ejecutar una sentencia en caso de que haya disolución judicial de Batasuna. "Creemos que tendrían que disolverse los grupos de Batasuna y sus integrantes pasar al grupo mixto, pero eso es una decisión de los órganos de Gobierno de las instituciones", aclara López Aguilar.