Conflicto entre 'hermanos'

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que reúne a 105 grandes compañías, acaba de sufrir en propia carne muchos de los problemas que aquejan de vez en cuando al tipo de sociedades al que representa. Como en muchas empresas familiares, diferencias en la asunción de competencias, en la autonomía de las partes y, a veces, hasta problemas de celos, han roto la armonía y provocado un cisma en una organización apegada, por gusto y necesidad, a la idea del consenso.

El pasado miércoles, la Junta Directiva del Instituto ratificó un Protocolo de coordinación acordado con 15 de sus 16 agrupaciones territoriales, y desvinculó de la organización a la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, que ni había firmado previamente el documento ni lo ratificó después. Las diferencias que el IEF y su territorial madrileña venían manteniendo desde el verano, terminaban abruptamente con la expulsión de la asociación madrileña, que dice haberse enterado de la medida por la Prensa, sin que el viernes hubiera recibido ninguna notificación oficial, mientras el Instituto afirma que la territorial conocía de antemano las consecuencias de sus actos.

Los problemas de relación entre el IEF y su 'filial' estallan tras criticar Madrid el Impuesto sobre el Patrimonio

El cisma, en cualquier caso, deja al descubierto un problema que el Instituto viene arrastrando desde hace tiempo: las relaciones con la territorial de Madrid, y que arrecia a partir de julio pasado, cuando la asociación madrileña critica el impuesto sobre Patrimonio y, a través de unos artículos en Prensa, pide al Gobierno una serie de medidas, parte de ellas conseguidas después.

Según una de las versiones de fuentes próximas a la empresa familiar, los artículos de marras, sustentados después con la elaboración de un informe, provocan la queja del Ministerio de Economía, lo que lleva al IEF a despegarse de la opinión que mantiene la agrupación de Madrid. Otra versión mantiene que, sin que medie queja alguna por parte de la Administración, el Instituto, de motu propio, corre a desvincularse de la opinión de su territorial de Madrid.

¿Por qué?, según el Instituto, porque la organización debe defender sólo los intereses que afecten directamente al patrimonio de la empresa familiar, y no al patrimonio del común de los españoles. Según la asociación de Madrid, con los artículos no hacía más que defender, con razones justificadas y documentadas, lo que sus 40 socios pedían.

El cisma deja de manifiesto las lagunas de un sistema de relación entre el IEF y sus filiales regionales cogido con alfileres. El Instituto, que hasta abril preside José Manuel Lara, sólo tiene entre sus socios grandes empresas, y su ámbito de interlocución política es el Gobierno central. Las territoriales acogen fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas y sólo deben tener como interlocutores a los gobiernos regionales.

En principio, las territoriales tienen plena autonomía de acción frente al IEF. Pero para evitar conflictos parecidos al del pasado verano, el Protocolo ahora firmado somete a una comisión paritaria determinadas actuaciones. La Agrupación de Madrid considera que el documento invade su soberanía y parte de sus competencias. No lo firma, y queda fuera de la organización.