Los socios de Aguas de Valencia acuerdan una tregua de seis meses para fijar sus prioridades
El consejo anuncia que Vainmosa recurrirá la sentencia contra la privatización de Egevasa
Los socios de Aguas de Valencia se han concedido una tregua de seis meses para definir sus respectivas prioridades sobre el futuro de la empresa y analizar las posibilidades reales de cooperación entre sí. El consejo de Aguas de Valencia (AVSA) celebró ayer una reunión, "sorprendentemente tranquila", según fuentes vinculadas al mismo, que acordó mandatar a su filial Vainmosa para que recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anula la privatización de Egevasa y la adjudicación de sus acciones a Vainmosa.
El consejo eludió abordar la propuesta formulada hace un mes por Saur International, que detenta un 33% del capital, para modificar un acuerdo entre accionistas, alcanzado cuando el BSCH vendió su participación en la sociedad, que atribuye derecho de tanteo a los socios sobre cualquier venta de acciones y limita la participación de la filial del grupo francés Bouygues en la empresa.
Un portavoz próximo a Aurelio Hernández, que fue desposeído de sus poderes como consejero delegado de AVSA en diciembre pasado, asegura que el Banco de Valencia ha acordado vender su participación (19%) a la constructora ACS o alguna de sus filiales, en operaciones que se cerrarían siempre después de las elecciones autonómicas prevista a finales de mayo.
Un portavoz del Banco de Valencia asegura taxativamente que no existe ninguna propuesta, estudio o argumento financiero que avale la salida de la entidad del accionariado de AVSA a corto o medio plazo.
El cruce es sólo el último de una larga serie que ilustra el desencuentro entre los socios de la adjudicataria del suministro de aguas potables a la ciudad de Valencia durante los próximos cincuenta años. Una fuente vinculada al consejo asegura que los cinco socios de AVSA, Saur, Banco de Valencia, FACSA, Boluda Shipping y Lubasa han acordado afrontar la situación y la repercusión pública de sus desencuentros. El acuerdo pasa por "poner negro sobre blanco" las prioridades que cada socio considera que debería asumir la empresa con un plazo de reflexión de seis meses para cotejar las diversas posturas el próximo mes de septiembre. El análisis conjunto de las respectivas posiciones debería despejar las posibilidades de cooperación o, en su caso, poner de manifiesto el desencuentro entre los socios. La segunda posibilidad, desde luego, derivaría en una guerra abierta.
El consejo tampoco abordó la formulación de las cuentas de 2002, que ya se han presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con carácter provisional, porque todavía no ha recibido la última auditoría de gestión relativa a las relaciones mercantiles de cada uno de los socios con AVSA.
El periodo de reflexión que se han concedido los socios y el aplazamiento del debate sobre las cuentas de 2002 explican el relajado ambiente que presidió la reunión del consejo celebrada ayer. El único acuerdo de consejo trasladado a la CNMV consiste en un mandato a Vainmosa Cartera, ahora filial de AVSA, para que recurra la reciente sentencia del TSJ que considera contrarios a derecho los procedimientos administrativos que siguió la Diputación de Valencia para adjudicar el 49% de las acciones de la empresa Egevasa en 1998. El TSJ considera que las acciones se deberían haber subastado, nunca adjudicado por concurso.
AVSA sostiene, en la notificación remitida a la CNMV, que "la sentencia considera las acciones de Egevasa como bienes patrimoniales, cuya enajenación está sujeta al procedimiento de subasta y no tiene en cuenta que Egevasa es sociedad constituida para la prestación de los servicios públicos competencia de la Diputación en relación con el ciclo hidráulico".
Vainmosa fue precisamente la adjudicataria de Egevasa, que presidía Aurelio Hernández, y la sociedad resultante siguió un intrincado proceso para fusionarse con AVSA y abrir la puerta a nuevos socios valencianos. Tal proceso llevó a Hernández a la dirección general y, posteriormente, al consejo de AVSA.
La integración de Vainmosa y Egevasa llevaba aparejada una inversión de la primera que asumieron como propia FASCA y Lubasa cuando se incorporaron a AVSA. El PSPV denuncia que tal inversión no se ha ejecutado, pero un portavoz de AVSA asegura que el debate responde a la falta de acuerdo sobre ciertas tasaciones entre dos técnicos de la Diputación.
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