El Consejo de Europa censura a España por incumplir sus recomendaciones contra la tortura

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, recrimina a España el reiterado incumplimiento de varias de sus recomendaciones, elaboradas para evitar los malos tratos en comisaría. Tras haber visitado el país en julio de 2001, el comité dice en su informe que el actual marco legal "fracasa" en las medidas efectivas de control para evitar las torturas. España anuncia en su respuesta que no considera necesario adoptar ninguna de las recomendaciones básicas, que son acceso a un abogado desde el inicio de la detención, reducción de la incomunicación a un máximo de 48 horas y acceso a un médico forense elegido por el detenido.

Fuentes del CPT tildaron ayer de "adecuada" la interpretación de que con este último informe ha dado una "vuelta de tuerca" en la exigencia de que España cumpla las recomendaciones, que reiteradamente ha ignorado en los últimos años, pese a haber anunciado su disposición a adoptar algunas de las contenidas en el documento de 1998, según recoge el informe publicado ayer.

El Comité, en una de las partes más duras del texto, recuerda a España su "obligación" de cooperar en la aplicación de las recomendaciones y le indica que, en caso contrario, se puede llegar a una "declaración pública" de denuncia. "Creemos que es mejor el principio de cooperación", señalan fuentes del organismo europeo. El texto reconoce, en cambio, la "excelente cooperación recibida desde España" en el curso de las visitas del Comité.

El CPT ha escudriñado el trato que reciben los detenidos en las comisarías en sus visitas periódicas de 1991, 1994 y 1998, y en una visita sorpresa, en junio de 1994. El Gobierno de Felipe González dio luz verde a la publicación de los informes confidenciales en marzo de 1996, semanas antes de abandonar el poder. España fue el último país de la UE en permitir su publicación.

Los informes de los años 90 concluian, en términos generales, que el "recurso a la tortura o a otras formas de malos tratos severos" por parte de la policía "ya no es una práctica común". Sin embargo, la persistencia de las denuncias, sobre todo en el caso de detenidos por terrorismo, hacía "prematuro llegar a la conclusión de que han sido erradicados los fenómenos de tortura y malos tratos".

El informe, cuya publicación España acaba de autorizar, referente a la visita realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2001, vuelve a reflejar la existencia de denuncias de torturas y malos tratos -desde golpes hasta la aplicación de electrodos o asfixia al colocar una bolsa de plástico en la cabeza- contra policías y guardia civiles por parte de detenidos bajo acusación de delitos de terrorismo.

También da cuenta de "amplias evidencias, incluidos informes médicos" recabados por el propio Comité, "compatibles con los relatos de torturas". Y añade: "Pese al paso del tiempo, en varios casos los médicos de la delegación observaron trazas de heridas que eran compatibles con los relatos".

Garantías legales

Sin embargo, el informe recuerda que el objetivo del organismo no es investigar los casos relatados y establecer el fundamento o no de las denuncias, sino trabajar para que los Estados firmantes aprueben toda una gama de salvaguardas y garantías legales para evitar los malos tratos.

En el caso de España, el CPT considera que la legislación no ofrece todas las garantías necesarias para proteger a los detenidos de posibles malos tratos policiales. Por contra, el documento de respuesta elaborado por el Ministerio del Interior en junio de 2002 afirma que "la estructura legal existente (...) sí proporciona al detenido un nivel de garantías adecuado, dentro del estándar existente en el resto de los países democráticos de nuestro entorno". En consecuencia, el ministerio "no considera necesaria la modificación de la actual estructura legal".

Las recomendaciones que el Comité considera que deben aplicarse "sin mayor dilación" son el acceso a un abogado desde el inicio del arresto, que la causa y el lugar de detención se comunique a los familiares en un máximo de 48 horas y que los detenidos puedan acceder a un forense de su elección. Pide también la creación de un organismo independiente para que investigue internamente las denuncias de torturas en los cuerpos policiales, que el Gobierno juzga "no aconsejable" porque los "supuestos de torturas o malos tratos a detenidos por la policía son prácticamente inexistentes".