La Audiencia Nacional exime a Sol y Arena del pago por el agua de Benínar

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia favorable a la comunidad de regantes Sol y Arena -la más grande del Poniente almeriense, con 5.000 agricultores de los municipios de Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera y El Ejido- que anula las liquidaciones de casi 214 millones de pesetas establecidas por la Confederación Hidrográfica del Sur por el consumo de agua en el pantano de Benínar en 1988 y 1989.

La sentencia responde al recurso planteado por Sol y Arena frente a las resoluciones que dictaron en su día tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía como el Tribunal Económico-Administrativo Central, en las que se obligaba a esta comunidad de regantes a pagar las liquidaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Sur, anuladas ahora por la actual sentencia.

Aunque esta decisión judicial puede ser recurrida, el presidente de Sol y Arena, Juan Romero, cuestionó que esto suceda. "La sentencia apela a lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para asegurar que las liquidaciones establecidas en su día por la Confederación Hidrográfica se establecieron con carácter retroactivo, por lo que no se ajustan a derecho. Para nosotros, es una enorme satisfacción este fallo judicial porque, además, nos da esperanza para otros dos recursos de deudas pendientes", dijo Romero. Sol y Arena mantiene otros dos procesos por facturas del agua de Benínar correspondientes a los años 1990 y 1991 cuyas liquidaciones ascienden a más de 180 millones de pesetas. "Esta sentencia impide a la Confederación Hidrográfica del Sur poder cobrar dichas liquidaciones a la comunidad de regantes, ya que las mismas se acordaron con posterioridad al período en el que se consumió agua del pantano", remachó Romero.

Origen del conflicto

La negativa por parte de Sol y Arena a pagar las liquidaciones vino motivada, en el pasado, por un convenio firmado con el Ayuntamiento de Almería y el antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Junta. Según dicho convenio, la comunidad de regantes cedía al Ayuntamiento ocho de sus sondeos "a cambio" de usar el agua del pantano, del que el municipio era concesionario. El Ayuntamiento de Almería dejó sin pagar el agua suministrada por la comunidad de regantes y originó la denuncia del convenio firmado y el impago de las liquidaciones que ahora han sido anuladas.

Hace ahora casi un año, otra sentencia de la Audiencia anulaba el requerimiento de pago que el anterior presidente de la comunidad de regantes, Pedro Mena, envió a los agricultores en 1998. La acción de Mena motivó la negativa de muchos agricultores a pagar la deuda contraída con Cajamar, que supera los 18 millones de euros.

Los hechos se remontan al año 1998 cuando, ante la negativa de cientos de regantes a afrontar el pago de la deuda con la Caja Rural de Almería (ahora Cajamar). Esta entidad financió los 18 millones de euros de unas obras para regadíos. La directiva remitió requerimientos de pago de casi 2.400 euros por hectárea a los agricultores. La extinta Plataforma por la Democratización de Sol y Arena, con Juan Romero a la cabeza, interpuso una demanda que, después de tres años, aportó nuevos argumentos a los comuneros para recelar de la gestión de Mena.