Castillejo afirma que luchará para que no le quiten Cajasur a la Iglesia

El presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, de 73 años, salió ayer en su propia defensa en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en su gestión. Dijo estar "indefenso" frente a las acusaciones de la Junta de Andalucía y aseguró que luchará para que "desde ningún pretexto le quiten a la Iglesia ni a Córdoba su caja". "El Señor se ha querido valer de mí para forjar este gran entramado autóctono", aseguró.

Un día después de conocerse el contenido de la denuncia que la Junta de Andalucía ha presentado contra la caja ante la Fiscalía Anticorrupción, Castillejo asistió a la firma de un convenio por el que la caja financiará unas obras en el antiguo hospital militar de Córdoba y que, en el futuro, será sede de los franciscanos. El presidente de Cajasur no quiso hacer comentarios sobre la denuncia de la Junta y se limitó a decir que seguirá defendiendo que "desde ningún pretexto le quiten a la Iglesia ni a Córdoba su caja".

Oficialmente la caja ha denunciado, en un comunicado, que se encuentra "indefensa" ante la actitud de la Junta, cuya denuncia revela irregularidades en las remuneraciones de algunos consejeros de Cajasur (cobro de dietas por ir a misas, a conciertos o al cine) y supuestas desviaciones en la obra social. La caja se siente atacada "desde los medios de comunicación afines al partido socialista con informaciones falseadas y manipuladas, que son auténticas barbaridades que no tienen otra intención que crear escándalo". También asegura que estudia la presentación de querellas contra "personas, instituciones o entidades que han firmado, afirmado o divulgado las falaces informaciones" contenidas en la denuncia.

Una vez más, Castillejo sólo contó ayer con el respaldo político del PP, formación que, a través de su secretario regional, Antonio Sanz, acusó a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, de "manipular información con el único fin de destruir Cajasur". En opinión de Sanz, la denuncia autonómica "carece de base legal".

Por contra, el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, puso el acento en que el PP andaluz y su presidenta regional, Teófila Martínez, deben explicar qué "intereses ocultos, oscuros y espurios" tienen en Cajasur para dar un capote a la actuación "indefendible" de Castillejo, informa Fernando Pérez Monguió. "¿Qué pactos secretos obligan al PP a defender comportamientos contra la ética y contra cualquier tipo de moral (...), que rozan y pueden estar de lleno dentro del Código Penal?", se preguntó ayer Zarrías, quien añadió que próximamente trascenderán "más cosas que justificarán esa defensa que hace el PP" de Miguel Castillejo.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, denunció que el martes la representante de la Diputación Provincial en la Comisión de Control, el órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de la caja, no obtuvo respuesta a la pregunta de si Castillejo percibe un sueldo como canónigo al margen del que cobra como presidente ejecutivo de la entidad (476.099 euros en 2001). La Consejería de Economía también ha preguntado al obispado de Córdoba si Castillejo percibe un salario como canónigo, lo que sería incompatible con su remuneración como presidente.

Mientras, la Comisión de Economía del Parlamento andaluz acordó ayer (con el apoyo de PSOE e IU y la abstención del PP) solicitar la comparecencia de Castillejo el próximo día 20 para que explique la póliza de 2,9 millones de euros suscrita en su favor por la caja y que le permitirá cobrar una renta vitalicia de al menos 213.000 euros anuales cuando abandone la presidencia de la entidad. La caja se apresuró a aclarar que Castillejo no acudirá a la Cámara autonómica porque no está obligado a hacerlo.