Dignidad y derechos sociales para los mayores

Hablemos claro, desde la llegada del PP al Gobierno, la protección social en España se ha empequeñecido, somos el último país de la UE en gasto social por habitante, mientras que el sector privado amplía, en la misma proporción, nuevas áreas de negocio en un ámbito que debería ser cubierto por el Estado.

Porque el gasto público por habitante en cuanto a pensiones y servicios sociales para personas mayores de 65 años en España se sitúa en el 59% de la media europea, es más, por cada nueva plaza geriátrica puesta en marcha por las administraciones públicas, el sector privado ha puesto en marcha cinco, con un precio que asciende en torno a los 1.200 euros al mes, un importe fuera del alcance de cualquier pensionista que no disponga de otro tipo de rentas.

La mejora relativa de la situación de los pensionistas no es fruto como nos ha dicho el ministro Zaplana del buen hacer de su administración, sino de un largo proceso de reivindicaciones sindicales, que, sin embargo, no han podido frenar un claro retroceso en el bienestar de los pensionistas en relación con la renta media del país.

Existen amplios colectivos de pensionistas en una situación de gran precariedad, muy especialmente, mujeres de edad avanzada con pensiones mínimas de carácter asistencial o no contributivo, pero el bienestar no depende únicamente de unas pensiones dignas, sino también de otros servicios esenciales como los cuidados de larga duración, que en España, a diferencia de otros países, han de ser pagados a unos precios inalcanzables, debido fundamentalmente a la enorme escasez de servicios públicos.

La derecha económica y la derecha política llevan años diciéndonos que nuestras reivindicaciones ponen en peligro el sistema público de pensiones, pero la verdad es que el grueso de nuestras demandas se sitúan en la esfera de lo no contributivo, es decir que se financiarían preferentemente mediante recursos fiscales que nada tienen que ver con la caja de la Seguridad Social.

Es evidente que, en la UGT, estamos preocupados por el futuro de las pensiones a 20 o incluso 50 años, pero esto no debe servir de excusa para obviar los problemas que tienen hoy nuestros pensionistas. La protección social pública en España puede y debe mejorar pero, para ello es preciso cambiar el orden de prioridades y situar la mejora de la protección social por encima de una reducción de impuestos que está beneficiando a las rentas más altas.

Resulta inmoral que se escatimen recursos para mejorar las pensiones de menor cuantía y, sin embargo, se derrochen recursos de la Seguridad Social para limpiar la imagen del Gobierno que lejos de mejorar las pensiones pretende ahora considerar toda la vida laboral para el cálculo de las mismas, lo que supondrá una reducción considerable de las pensiones públicas y un favor enorme al negocio de los fondos privados de pensiones.

Por ello, la UGT reclama una nueva política para que todas las pensiones mínimas, individualmente consideradas, alcancen un importe de 450 euros para el 2003, mientras que las pensiones con cónyuge a cargo deben incrementarse para que permitan vivir dignamente a dos personas. Además, estamos convencidos de que todo pensionista con discapacidad que necesite de los cuidados de una tercera persona tiene derecho a servicios sociales de atención o, en su defecto, a un complemento de pensión que le permita remunerar al cuidador de su elección.

También las pensiones de viudedad deben ser incrementadas, especialmente las más bajas y éstas se deben reconocer para las uniones de hecho, como también deben ser reconocidos los periodos dedicados al cuidado de ascendientes o descendientes con discapacidad como cotizados a los efectos de los derechos futuros en pensiones de la Seguridad Social.

Por otra parte, reclamamos acciones concretas para que la protección de personas dependientes sea considerada como un derecho universal y exigible dentro del ámbito de la SS, mediante una red pública cuya oferta de plazas en Centros de Día y Residencias Geriátricas debe ser incrementada, además de potenciar especialmente la Ayuda a Domicilio de calidad.

Respecto a la prejubilación demandamos que, así como se bonifica la contratación y permanencia de un trabajador de cierta edad, se penalice al empresario por el despido de estos trabajadores, entre otros medios encareciendo el coste del despido. Porque se debe reconocer y proteger la prejubilación de todos los trabajadores y trabajadoras.

Además se deben aplicar los coeficientes reductores aprobados por Ley 16/2001 a las jubilaciones anticipadas, por causas ajenas a la voluntad del trabajador, y con carácter general se deben rebajar los coeficientes reductores por anticipación de la edad de jubilación.

Estas reivindicaciones son necesarias para dignificar a nuestros pensionistas, que necesitan de unos servicios sociales públicos y asistenciales suficientes, sin olvidar los problemas de los prejubilados. Como primer paso, ayer 12 de marzo, la UGT realizó una serie de concentraciones en las delegaciones del Gobierno de toda España, donde se entregó un manifiesto que exige a la administración un trato digno de las personas mayores, porque la dignidad no es una cuestión de edad sino de decencia.

Rafael Recuenco Montero es secretario General de la UGT-PV.