CiU califica el 'caso Movilma' como el "más fraudulento" de Cataluña

El PP y CiU redoblaron ayer sus ataques contra los socialistas catalanes a raíz del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el caso Movilma. Los populares pidieron en el Parlament una ampliación del estudio, mientras que CiU calificó este asunto como la "gestión más fraudulenta conocida en Cataluña". El informe de la Sindicatura expone diversas irregularidades administrativas del Ayuntamiento de Barcelona en la adjudicación de contratos a Movilma, que no fueron consideradas delito por la justicia.

En pleno periodo preelectoral y acosados los nacionalistas por el escándalo de las encuestas, el PP y CiU están decididos a sacar todo el jugo político al informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el caso Movilma, que expone el trato de favor que el consistorio de Barcelona dispensó a este grupo de empresas, propiedad de militantes socialistas. Los contratos adjudicados durante la época de Pasqual Maragall ascienden a más de 24 millones de euros, y la mayoría de esos contratos, según aprecia la Sindicatura, eludieron los procedimientos legales administrativos.

La intervención, ayer, del nacionalista Marià Curto ilustra hasta qué punto CiU piensa aprovechar el caso para erosionar a los socialistas: en 10 minutos repitió 14 veces el nombre de Maragall, 6 de ellas para recordar su mandato al frente del Ayuntamiento. En la comisión parlamentaria de la Sindicatura, Curto calificó estas anomalías como "la gestión más fraudulenta conocida en Cataluña y liderada por Maragall", y anunció que reclamarán al fiscal del Tribunal de Cuentas que investigue estas irregularidades. En caso contrario, CiU lo llevará personalmente a la Fiscalía de Cataluña.

Los servicios jurídicos de CiU aprecian en la actuación del consistorio hasta 20 delitos, entre ellos los de prevaricación y "contra las normas que rigen la financiación de partidos políticos".

Similar conclusión expresó ayer el PP. El presidente del grupo parlamentario, Alberto Fernández Díaz, opinó que los jueces "nunca han dictado resolución alguna" sobre Movilma, ya que las dos sentencias existentes, que dictaminaron el archivo de la causa, se referían a la quiebra del grupo empresarial y a la reclamación de una deuda por unos clientes.

Apoyo al PSC

Esquerra Republicana e Iniciativa hicieron piña en torno a los socialistas. Los tres grupos de la izquierda comentaron que el Ayuntamiento de Barcelona ya admitió estas anomalías y depuró responsabilidades políticas, así como que el informe de la Sindicatura no aporta "nada nuevo" sobre lo descubierto por el propio consistorio.

El socialista Martí Carnicer calificó de "cinismo político" la exposición del convergente Curto y le recordó la investigación judicial, todavía en curso, sobre el caso Pallerols "por valor de 1.205 millones de euros en la que está implicado su socio", Unió Democràtica. Carnicer insistió en que el caso Movilma está "cerrado judicial y administrativamente" porque los jueces ya dictaron sentencia definitiva y entendieron que el perjuicio causado no era constitutivo de delito. Carnicer añadió que en su día, todos los grupos del consistorio estuvieron de acuerdo con las medidas adoptadas.