Piqué señala a los "nuevos estrategas" del entorno de Mas como los autores de "falsear" los sondeos

Los dirigentes de CiU no saben cómo salir del atolladero por el escándalo de las encuestas a tan sólo 24 horas de que se vote una moción del Partido Popular en el Parlament que reclama al Gobierno catalán que asuma responsabilidades políticas más allá de la supresión de la oficina encargada de los sondeos. Ayer mismo, el ministro Josep Piqué identificó a los "nuevos estrategas" del entorno de Artur Mas como los autores de "falsear" las encuestas oficiales a la vez que aseguró que, hoy por hoy, el PP votaría a favor de una comisión de investigación.

El presidente de los populares catalanes, Josep Piqué, aludía a la mano derecha de Mas y secretario de comunicación, David Madí, cuya dimisión exigen los partidos de izquierda.

Las declaraciones de Piqué confirman hasta qué punto los populares están decididos a que el Gobierno de CiU depure responsabilidades por la polémica y su insatisfacción por la salida con que Mas ha intentado acallarla, haciendo desaparecer la Dirección General de Evaluación y Estudios. Una solución que, a juicio del PP, contradice lo pactado entre Piqué y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Parlamentarios del PP dejaron plantados ayer a sus homólogos de CiU en una reunión que debía celebrarse para negociar la moción parlamentaria de mañana. En la iniciativa, el PP reclama al Ejecutivo que "inicie, de manera inmediata, las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas" por la alteración de las encuestas. La referencia "de manera inmediata", señalaron fuentes de la formación política, significa una semana, el plazo hasta que se reúna la junta de portavoces que debe dar luz verde a la votación en pleno de una comisión de investigación solicitada por la izquierda.

Las declaraciones de Piqué no dejan lugar a dudas sobre el sentir de los populares: "Si este caso se hubiera producido en el Gobierno habría habido un gran escándalo y desde CiU seguramente Xavier Trias [portavoz en el Congreso] pediría la dimisión de todo el Gobierno". El ministro añadió: "Cuando estos nuevos estrategas son capaces de falsear encuestas que se envían al Parlament o transmitir encuestas que no se han hecho, lo que reflejan es, como mínimo, un enorme nerviosismo [en CiU], y además una manera de hacer política muy preocupante".

Decisión "dolorosa"

Piqué consideró una "burla" que Mas achacara los errores a una fotocopiadora y subrayó que el cese del responsable de la oficina de las encuestas "no sirve para nada". El ministro confesó que así se lo ha transmitido a Pujol y se mostró esperanzado en que el Gobierno catalán dará otros pasos para solucionar el escándalo.

Consciente de las dificultades que puede entrañar una actitud inmovilista del PP, Mas se mostró ayer, tras la reunión de la ejecutiva de Convergència, más dialogante y afirmó: "[la decisión de suprimir la Dirección General de Evaluación y Estudios] ha sido de gran calado y dolorosa, aunque no sé si la ha entendido todo el mundo y si servirá para convencer al resto [de los grupos parlamentarios].

Mas informó de que los servicios jurídicos de la Generalitat estudian la posibilidad de traspasar, mediante un decreto, al Instituto de Estadística de Cataluña las funciones que desempeñaba la Dirección General de Evaluación y Estudios, cuya desaparición se hará efectiva el próximo día 18.

De momento, Pujol tendrá que hacer frente en el Parlament a otra pregunta sobre las encuestas. Si hace dos semanas el presidente catalán respondió a una de Iniciativa per Catalunya, en la que manifestó que la manipulación de los sondeos era obra de "un tonto o un inútil", mañana le interrogarán sobre el asunto los socialistas catalanes.

Ayer, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Terrassa, incluido CiU, se pusieron de acuerdo para reclamar al Gobierno catalán la encuesta que mantuvo oculta durante tres años sobre la oposición ciudadana al golf de Torrebonica [véase EL PAÍS del 26 de febrero]. La junta de portavoces aprobó una moción en la que también se reclama del Ejecutivo que "asuma las responsabilidades políticas que se derivan de unos hechos tan graves" y denuncian que "la ocultación" de estos datos impidió que los resultados fueran "incorporados al debate ciudadano e institucional, muy intenso en aquellos días", informa Silvia Marimón. En la moción se apunta asimismo la posibilidad de emprender otro tipo de acciones,que no se concretan, debido a la vaguedad del texto, lo que dio pie a múltiples interpretaciones según cada grupo municipal.