100.000 agentes reciben cursos acelerados para los nuevos juicios rápidos

La policía y la Guardia Civil han mostrado su preocupación ante el "sustancial incremento" de la burocracia que va a suponer la puesta en práctica, el 25 de abril, de los juicios rápidos, pilar del plan antidelincuencia del Gobierno. Unos 100.000 policías y guardias civiles están recibiendo cursos acelerados sobre el nuevo sistema y todos están sacando la misma conclusión: van a estar más tiempo en los juzgados y las comisarías que en las calles, debido a la infinidad de nuevos trámites que tendrán que realizar para que los juicios rápidos funcionen, ya que el éxito o fracaso del sistema va a depender de ellos.

Los policías tienen un manual de 119 páginas, con ocho formularios y cuatro atestados nuevos

Policía, Guardia Civil y fiscales reclaman más personal y medios para que el sistema funcione

Los cursos comenzaron en enero tanto para la Guardia Civil (70.000 efectivos) como para el Cuerpo Nacional de Policía (47.000). Los primeros en familiarizarse con el llamado Manual de procedimiento para los juicios rápidos (120 páginas) y la Guía práctica para el trámite de atestados (19 páginas) han sido un grupo de formadores que, posteriormente, se ha tenido que repartir para difundir entre sus compañeros lo aprendido. Las fuerzas de seguridad vieron al principio con buenos ojos los juicios rápidos, cuyo objetivo es que algunos robos y hurtos (esos que hacen decir al ciudadano que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra) sean juzgados "inmediatamente o en un máximo de 15 días".

Para que el sistema funcione, además de medios materiales y humanos (reclamados insistentemente por la Asociación de Fiscales para "el funcionamiento generalizado y eficaz de los juicios rápidos") , necesita que los trámites se concentren "hasta el punto de que la instrucción deberá concluirse durante el servicio de guardia", según señalan los Ministerios de Justicia e Interior. Y en esa concentración de trámites es donde la Guardia Civil y la policía, tanto los mandos y comisarios como los agentes de la escala básica y los guardias de a pie, ven el principal problema. De hecho, tienen la experiencia de 1992, cuando se implantaron en Sevilla, Madrid y Barcelona. Sólo siguen funcionando "correctamente" en la capital catalana.

La primera advertencia por escrito surgió del Estado Mayor de la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil, que en un informe sobre planificación de servicios resumía en un solo párrafo los problemas que acarrearán los juicios rápidos: "Como mayoritariamente habéis remarcado [los comandantes de puesto] en vuestros informes, acarrearán una mayor carga de trabajo, no sólo a las unidades de policía judicial sino también a las territoriales, debido fundamentalmente al sustancial incremento de las diligencias".

El informe subraya que esa mayor carga se deberá a los nuevos trámites que conllevará "la detención y citación de los denunciados, las gestiones de localización de jueces de guardia, aporte urgente de pruebas, identificaciones, localización de testigos, víctimas, perjudicados o peritajes, así como el incremento de los servicios de custodia y conducción de detenidos y del número de esperas que la fuerza actuante deberá hacer para testificar".

Esta descripción de lo que se avecina es compartida en privado por altos cargos de la policía y el instituto armado, y en voz alta por los sindicatos policiales. "Sólo echándole un vistazo al manual de procedimiento te haces una idea de la sobrecarga de trabajo, ya que si antes los agentes se pasaban dos horas en comisaría haciendo trámites ahora se van a tirar cinco o más", afirma José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía. En la misma línea, Fernando Vázquez Romay, dirigente de la Unión Federal de Policía, apunta: "La carga de trabajo va a ser desorbitada, con mucha burocracia y largas permanencias en comisaría, lo que va a ir en detrimento de la atención al ciudadano".

Todos coinciden en que las nuevas tareas sacarán de las calles a muchas unidades, mermando la presencia policial en las calles. La policía dice que esto será así porque bajo su jurisdicción se cometen el 71% de los delitos y faltas. La Guardia Civil insiste en que la amplitud de los territorios bajo su control y las grandes distancias entre algunas localidades y la cabecera de su partido judicial será su gran problema.

El aumento del trabajo queda claro con la mera visión de los trámites necesarios para la celebración de un juicio rápido en el caso de que el agente actuante acuda a atender un delito en el que estén presentes víctima y delincuente y se tenga a mano el producto del delito. El agente tendrá que hacer esto: al detenido le tendrá que levantar acta de derechos, darle asistencia médica, informar al Colegio de Abogados, comunicar con un familiar, informar al consulado (en caso de delincuente extranjero), tomar declaración, reseñarlo (con toma de huellas), citarlo para el día del juicio (gracias a la nueva figura del policía de enlace) y extraer todos los antecedentes. Al ofendido deberá hacerle lo mismo (salvo reseñarlo). Además, deberá solicitar la presencia de peritos, hacer comparecer a los posibles testigos. Además, tendrá que afinar en la elaboración del atestado, incluyendo fotos si fuera posible, ya que, como se dice en la Guía Práctica, "el atestado se configura como elemento esencial en orden a posibilitar la celeridad de la justicia". Y para rizar el rizo, tendrán que familiarizarse con ocho formularios nuevos y cuatro modelos de atestados diferentes. "El plazo que se ha dado para ponerlo en marcha es demasiado perentorio y va a haber muchos fallos", afirma Sánchez Fornet.