"Debe haber una vía paralela al contingente"
El abogado José Ángel Esnaola es el defensor de dos empresarios chinos a quienes el Tribunal Superior de Justicia vasco ha reconocido el derecho a que los permisos de trabajo y residencia que pidieron para sendos compatriotas sean tramitados. Este bilbaíno de 35 años, quien además preside la Asociación de Chinos de Euskadi, recuerda que la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya "rechazó las peticiones sin estudiarlas ni tramitarlas pese a que incluso contaban con el aval del Inem", que certificó que no había españoles que pudieran cubrir esos puestos [de cocinero especializado en comida china]. Explica Esnaola que "las sentencias dicen que hay que seguir permitiendo la tramitación de estas solicitudes como se hacía hasta el 14 de enero [de 2002, cuando el Gobierno central cerró esta vía de regularización de inmigrantes]". El letrado aprovecha para reclamar al Inem que vuelva a expedir certificados de si hay o no mano de obra local para un puesto concreto, algo que "no hace desde el año pasado".
La subdelegación ha recurrido ambas sentencias, según explicó un portavoz. Otros cuatro pleitos similares promovidos por Esnaola y que también afectan a ciudadanos chinos se hallan pendientes de sentencia en el Superior.
Sostiene este abogado que las sentencias ya dictadas abogan "por mantener una vía [de obtener los papeles], paralela al contingente, para quienes tengan un proyecto migratorio sólido". "¿Qué te lo da? Una oferta de trabajo, vínculos familiares, una renta básica..." El también representante de la ONG de inmigrantes chinos considera "un acierto que el tribunal abogue por que los expedientes sean analizados caso a caso".
Esnaola subraya: "Debe haber una vía de acceso a los documentos desde la irregularidad. Es imposible, y posiblemente ineficaz, conseguir que toda la inmigración sea regular en origen". Y pone un ejemplo gráfico: una gran empresa que necesite cubrir 50 empleos de baja cualificación puede estar interesada en contratarlos en sus países de origen, pero a las pequeñas y medianas empresas sus limitados medios les llevan a "buscar un trabajador que ya esté aquí incluso si está de manera irregular".
La Dirección de Inmigración del Gobierno vasco estima que en Euskadi residen entre 3.000 y 4.000 sin papeles.
Esnaola sostiene que a los inmigrantes hay que "darles la ciudadanía, que tengan derechos y deberes". A su juicio, tanto la patronal Confebask como los sindicatos muestran una "falta de voluntad" para acordar el contingente (el de este año para Vizcaya lo decidió el subdelegado porque no se pusieron de acuerdo). Pero añade que habría que "crear una estructura permanente" entre ambas partes que "hiciera el seguimiento de los puestos para los que se requiere mano de obra extranjera" y presentar juntos la propuesta.
