Inspección paralizó 50 centros de trabajo más en 2002 por incumplir la normativa de riesgos laborales

La Inspección de Trabajo paralizó el año pasado 435 centros de trabajo por incumplir la normativa sobre riesgos laborales, 50 más que en 2001, según explicó ayer el director general de Empleo, Román Ceballos. Esta cifra arroja un aumento del 13,2%. El año pasado, Inspección de Trabajo realizó 16.056 actuaciones, que se tradujeron en 2.991 actas de infracción que sumaron algo más de 10,17 millones de euros, frente a los 8,44 millones de 2001. La mayor multa por infracción fue de algo más de 72.100 euros y fue impuesta a una empresa de la construcción, según detalló.

Ceballos ofreció estos datos tras informar del resultado del Plan 2002 de Actuación Preferente para las empresas con mayor siniestralidad laboral. Empresas que, entre otras condiciones tienen la de haber sufrido cinco o más accidentes laborales en el último año, y que se elevaron a 3.974 (2.184 de nueva incorporación y 1.790 repetidoras) en el plan 2002. El director general resumió que estas empresas (2.315 de Valencia, 1.211 de Alicante y 448 de Castellón) acumularon 48.333 accidentes laborales, que supone un descenso del 30%. La reducción fue mayor entre las empresas de la construcción incluidas en el plan. Este sector es el que sufre las cifras de siniestralidad laboral con peores consecuencias de los distintos sectores productivos valencianos y, de hecho, 1.431 de las empresas incluidas en el plan de actuación preferente son de este sector.

Román Ceballos destacó que la reducción afectó a los accidentes leves, graves y mortales, sobre todo a estos últimos, que registraron un descenso del 52%. Con todo, 26 trabajadores murieron el año pasado en este grupo de empresas. El responsable de Empleo defendió que la medida es positiva y valoró el avance, pero también admitió que se siguen produciendo "un excesivo número de accidentes" laborales.

Ceballos también habló de la Ley de creación del Instituto de Salud Laboral y aunque aseguró que el Consell va a intentar agilizar al máximo su puesta en marcha, también consideró difícil que la norma se apruebe en la actual legislatura. Sobre las críticas vertidas por los sindicatos sobre los problemas para obtener datos oficiales, Ceballos dijo que "ahora" se entregan al tiempo que se hacen públicos ya que, dijo, corresponde al Gobierno esta responsabilidad, aunque algunas personas "querrían contar con la información antes".