Los partidos usaron de forma irregular los 34 millones recibidos de los ayuntamientos en 2000

El Tribunal de Cuentas destapa en su informe relativo al año 2000 diversas irregularidades por la financiación de los partidos políticos. Los auditores centran su batería crítica en los ingresos que las formaciones recibieron de las arcas municipales. Los ayuntamientos subvencionaron con 34 millones de euros a los partidos, del total de 142,4 millones que recibieron de las distintas administraciones. Los partidos usan esos fondos, destinados a sus grupos municipales, para sus finanzas internas, en contra de lo que prevé la ley de financiación de 1987.

Las explicaciones legales que ofrece el Tribunal de Cuentas son elocuentes. La Ley de Financiación de los Partidos Políticos sólo permite como recursos públicos para las formaciones tres conceptos: las subvenciones por gastos electorales; las subvenciones estatales a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y en las asambleas autonómicas; y las subvenciones estatales anuales.

El dinero que reciben los grupos municipales está fuera de esta ley. Por eso, los partidos no deberían usar ese ingreso como financiación alternativa, y desviar su uso del exclusivamente municipal al ordinario de cada formación, mantiene el Tribunal. No se pueden desviar esos fondos para, por ejemplo, financiar la construcción de una nueva sede del partido. El informe dice que se han encontrado pruebas de este tipo de prácticas.

La cantidad que reciben las formaciones a través de esta financiación paralela es significativa. La partida más importante, las de las subvenciones estatales, totalmente controladas y legales, supuso 56 millones de euros en 2000 para las formaciones analizadas. Y el dinero para los grupos municipales era en ese mismo periodo de 34 millones de euros, más de la mitad de la ayuda estatal.

Estas cantidades que aportan los municipios escapan al control del Tribunal porque los partidos se niegan a ofrecer detalles sobre esos trasvases irregulares. En algunos casos, como el del País Vasco o Cataluña, algunos partidos reciben más dinero a través de los ayuntamientos que de la financiación normal.

Precisamente en estas dos comunidades la crítica se centra en otras subvenciones irregulares: las que dan los Gobiernos autónomos y las que, de forma extraordinaria, ofrece el Parlamento Catalán. Respecto a las primeras, el Gobierno vasco concedió 3,54 millones de euros a repartir entre todos los partidos. EH recibió más dinero de esta manera que con las subvenciones del parlamento autónomo. Esta práctica, dice el Tribunal, llega incluso a poner en duda la indepencia del poder legislativo respecto al ejecutivo, que es quien otorga de forma graciosa y sin motivo fundado estas cantidades.

Respecto al Parlamento catalán, el Tribunal utiliza términos incluso más duros para criticar una suvención extraordinaria de 1,8 millones a los partidos. Lo hizo en 2000, y pese a las críticas siguió en 2001. La Generalitat no ha conseguido justificar suficientemente ese gasto, y la Sindicatura (los auditores autonómicos) respondió al ser preguntada que no había analizado esa partida ni tenía previsto hacerlo.