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Iniciativa llevará al Gobierno de CiU a los tribunales por "falsear" las encuestas

"Si no hay dimisiones, no nos queda más remedio que ir a los tribunales". El portavoz parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Boada, anunció ayer que esta semana presentará una demanda contra el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) por un presunto delito de "falseamiento de documentos oficiales" como consecuencia de la cascada de sondeos, encuestas y estudios oficiales que el Ejecutivo catalán ha entregado a la Cámara manipulados o mutilados en los últimos meses.

No fue la única iniciativa que tomó ayer la oposición para tratar de esclarecer el escándalo de los sondeos: todos los grupos de izquierda presentaron conjuntamente una propuesta para crear una comisión de investigación en el Parlament. Hasta ahora, todas las peticiones en este sentido han topado con el rechazo del PP, pero ayer este partido lanzó un aviso al conseller en cap, Artur Mas, quien volvió a descartar dimisiones al tratarse, dijo, "de errores de poca monta". "El PP no tendrá más remedio que apoyar [la comisión] si el Gobierno no depura responsabilidades políticas", afirmó el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Daniel Sirera.

ICV anuncia una demanda y reclamará la inhabilitación pública de los responsables de la presunta manipulación

Mas descarta dimisiones porque considera que se trata sólo de "errores administrativos" y "de poca monta"

La izquierda propone crear una comisión de investigación y el PP amaga con apoyarla "si no se depuran responsabilidades"

La temperatura política volvió a subir ayer algunos grados tras conocerse que el Gobierno catalán pagó un estudio electoral pensado para favorecer a Convergència Democràtica en detrimento incluso de sus socios de Unió Democràtica (véase EL PAÍS de ayer). El Ejecutivo envió el trabajo sin los apartados más políticos al diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao, quien ayer mostró su irritación por el "engaño" y acusó a Mas de "mentir".

Por la mañana, Presidencia se puso en contacto con el diputado para negar la información publicada por este periódico. Posteriormente, no obstante, le remitió el estudio completo, con los capítulos que habían sido mutilados en la entrega de hace un año. El diputado explicó que en la introducción del estudio, que también se le había ocultado, se explica que el origen del encargo nace de que Cataluña es la única comunidad autónoma sin una ley electoral propia, cuya elaboración viene reclamando la oposición desde hace años.

La izquierda exige la renuncia del secretario de Comunicación del Ejecutivo, David Madí, mano derecha de Mas, por la sucesión de manipulaciones. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el portavoz del grupo de Iniciativa, Joan Boada, anunció ayer que se ha cansado ya de exigir responsabilidades políticas y que acudirá esta misma semana a los tribunales.

Boada anunció una doble acción: por una parte, presentará una demanda contra el Ejecutivo por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial; por otra, impulsará una demanda civil contra CiU por los "daños y perjuicios" ocasionados con la invención de un sondeo.

Inhabilitación

El equipo jurídico de Iniciativa basará su demanda en el artículo 390 del Código Penal, que prevé penas de hasta seis años de prisión, multas de 24 meses e inhabilitación pública de hasta seis años para la autoridad o funcionario público que "en el ejercicio de sus responsabilidades cometa falsedad". Boada precisó que ICV tiene previsto pedir la inhabilitación de los responsables de las manipulaciones.

El Partit dels Socialistes (PSC), ICV y Esquerra Republicana (ERC) impulsaron ayer también otra medida para tratar de arrojar luz sobre el escándalo de las encuestas. Las tres formaciones registraron en el Parlament una propuesta conjunta para crear una comisión de investigación. "El objetivo es poner orden en una materia que afecta al crédito de la Administración", dijo Joaquim Nadal, portavoz del grupo parlamentario socialista. "Se ha intentado engañar al Parlament y, con él, al pueblo de Cataluña", añadió.

Daniel Sirera, portavoz parlamentario del PP, dejó la puerta abierta a apoyar la demanda si el Ejecutivo "no depura responsabilidades" antes del pleno de la próxima semana. El portavoz del Gobierno, Felip Puig, mostró el rechazo a crear dicha comisión porque sólo "busca erosionar al Ejecutivo". Mientras tanto, el grupo de CiU en el Parlament suspendió sorpresivamente la conferencia de prensa que tenía previsto realizar ayer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de marzo de 2003