Argelinos y vascos

Durante la madrugada del viernes día 24 de enero la policía irrumpió con gran aparatosidad y despliegue de medios en algunas ciudades catalanas para proceder a la detención de 16 argelinos acusados de vinculación con el terrorismo islámico. Ni los alcaldes de las ciudades, ni la policía autonómica, ni las policías locales fueron advertidos previamente, en un alarde de respeto al orden institucional muy propio de la arrogancia del aznarismo: el Estado es el Gobierno central y basta. A las pocas horas de ser practicadas las detenciones, el presidente Aznar las anunciaba en persona desde A Coruña. A pesar de que la policía ni siquiera había empezado los interrogatorios, Aznar ya conocía las conexiones internacionales de los detenidos y afirmó "que estaban preparando la comisión de atentados con explosivos y material químico". Para concienciar a la ciudadanía, Aznar, que no tardaría en pedirle apoyo para los planes bélicos de Bush, subrayó: "No se está hablando de peligros hipotéticos remotos, sino de algo que lo tenemos delante".

Ha pasado un mes y las acusaciones han quedado en nada. El juez Ruiz Polanco conminó a la policía a presentar pruebas concluyentes porque, de lo contrario, tendría que dejar a los detenidos en libertad. Los análisis de las sustancias encontradas a los detenidos se han prolongado para llegar a la conclusión de que su peligrosidad no era superior a la de cualquier detergente de uso común. Sin embargo, pasan los días, no hay pruebas y los detenidos siguen en prisión. El Gobierno está haciendo cuanto puede para disimular la metedura de pata, para que por lo menos la puesta en libertad se haga de modo escalonado, discreto y sin prisas, en un intento de proteger a Aznar del ridículo. ¿Qué credibilidad puede tener el presidente cuando nos habla de las amenazas que se ciernen sobre nosotros si no hay guerra en Irak cuando ha falseado datos al informar de unas detenciones practicadas en su propio país? ¿Qué sentido de la verdad y del servicio público tiene un gobernante que se atreve a hablar de los delitos cometidos por unos detenidos antes de que sean interrogados?

Aznar habla demasiado, pero los demás callan en exceso. No he oído una sola voz entre las autoridades de Cataluña pidiendo explicaciones sobre la situación, aparentemente irregular, de estos detenidos cuyos cargos no parece la policía en condiciones de probar. No he oído apenas voces de la oposición -salvo de Iniciativa- que se interesaran por la suerte de estos ciudadanos. Sin embargo, son ciudadanos de Cataluña que, por cuanto viven aquí, tienen las mismas obligaciones pero también los mismos derechos que cualquier otro. El desinterés por estos argelinos acusados de una relación con el terrorismo que no parece probada por ningún lado contrasta con la movida que ha generado en Cataluña la detención de parte de los responsables de Egunkaria y de su cierre. Vaya por delante que el cierre de un diario me parece siempre una herida a la libertad de expresión y sólo en un caso en que se demostrara que su cooperación ha sido necesaria para la comisión de un atentado podría aceptarla. Por mucho que se diga, las palabras no matan, aunque a veces ayudan; las que matan son las personas. Y vaya por delante también que cualquier sospecha de tortura debe ser aclarada. Por otra parte, las responsabilidades penales son individuales, extender sus efectos a colectivos es, por lo menos, problemático. Dicho esto, es ilustrativo que los detenidos de Egunkaria hayan provocado una movilización solidaria de la que nuestros convecinos argelinos no han gozado lo más mínimo. Y sin embargo, está claro que se está cometiendo un abuso con ellos.

La Generalitat promueve publicidad para el diario que ha venido a reemplazar a Egunkaria. No tengo nada que decir contra este internacionalismo nacionalista, aunque pueda haber motivos para discutir el criterio de prioridades en el gasto. Cualquier planteamiento nacionalista otorga la primacía a los ciudadanos del propio país cuya cohesión social es el gran objetivo común. Sin embargo, los abertzales de Euskadi motivan mucho más a nuestras autoridades que unos argelinos residentes en Cataluña. Lo cual es un síntoma innegable de que la percepción de nuestros gobernantes, consciente o inconscientemente, discrimina por cuestiones de origen. Unos argelinos residentes en Cataluña acusados de relación con el terrorismo islámico no merecen, a los ojos de nuestras autoridades, la misma consideración que unos vascos residentes en Euskadi acusados de relación con el terrorismo etarra. Sin embargo, si hay dudas sobre los cargos contra las directivos de Egunkaria -que según algunas filtraciones se remontan a una década atrás-, parece absolutamente clara la falta de fundamento de las acusaciones contra los argelinos salafistas. Es el propio juez el que ha hecho pública la inconcreción de los cargos. Pero son argelinos y los responsables políticos no quieren que se les asocie con ellos. Da mala imagen.

La inmigración es una realidad que no tiene vuelta atrás. Es hora de que los gobernantes -y los opositores- dejen de soltar medias verónicas para trampear el problema en sus discursos. Los argelinos residentes en Cataluña tiene el mismo derecho al reconocimiento que cualquier otro ciudadano. Que un partido nacionalista se sienta más solidario con unos vascos en apuros que con ellos da la medida de la deformación ideológica. Pero que buena parte de la izquierda no se acuerde de la situación de estos ciudadanos me parece escandaloso. Realmente, defendiendo a esta gente no se ganan votos. Pero probablemente se gana credibilidad (y de ésta van muy faltados los dirigentes políticos). La credibilidad del que ha entendido que las fronteras se han desdibujado para siempre y ya no quedan territorios cerrados y homogéneos para nadie.