Decisión en conciencia

Hace unos días el presidente de la República francesa, Jacques Chirac, en un gesto hacia el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, reconoció que, si finalmente se acabara produciendo el desarme de Irak y se consiguiera evitar la guerra, sería en muy buena medida por la amenaza creíble del uso de la fuerza que la Administración estadounidense había puesto en práctica. Ese sería el mayor de los éxitos posibles de George W. Bush, añadía el presidente francés, ya que se conseguiría el objetivo sin derramamiento de sangre. "Y en la vida de un hombre de Estado", concluía Jacques Chirac, "no haber derramado sangre es algo que cuenta".

Me parece que esta perspectiva del problema debería subrayarse. Los ciudadanos de los distintos países que pueden acabar participando en la invasión de Irak deberían ser informados por sus Gobierno de las distintas hipótesis sobre el número de víctimas que se ocasionarían con la guerra. Mejor todavía, la información la deberían recibir a través de sus Parlamentos. Antes de tomar una decisión sobre la participación en la invasión de Irak, los parlamentarios deberían conocer el número mínimo y máximo de víctimas que se producirían, de tal manera que cada uno de ellos fuera plenamente consciente del coste en sangre derramada de su decisión. No se puede ni se debe tomar una decisión sobre la guerra sin que ese dato haya sido previamente valorado. Ningún parlamentario debería emitir su voto sin que previamente se le hubieran puesto por delante los diversos cálculos sobre número de víctimas. Este es un elemento esencial e inexcusable de un voto en conciencia, como el que puede producirse el próximo martes en el Congreso de los Diputados, que en este caso está plenamente justificado. En cuestiones de guerra y paz ningún parlamentario debería escurrir el bulto y justificar su voto por disciplina de partido. Por disciplina de partido se puede justificar casi cualquier decisión política, por más discutible que sea, como, por ejemplo, no votar a favor de una comisión de investigación sobre el Prestige. Pero por disciplina de partido no se puede votar a favor de iniciar una guerra. Esa no es una decisión de partido, sino que es una decisión que no puede dejar de ser estrictamente individual. En el momento de emitir su voto cada parlamentario debe saber que se está haciendo corresponsable de un número de víctimas indeterminado pero determinable con bastante aproximación. Esta es la consecuencia más inmediata y más importante de su decisión. Ningún parlamentario puede esquivarla.

La protesta del presidente de la Junta contra la guerra no sólo está justificada, sino que es obligatoria

Esta perspectiva del no derramamiento de sangre es la que está en la base de la abrumadora protesta contra la guerra que se está expresando de forma múltiple y variada por toda la superficie de la sociedad española. Los ciudadanos no queremos ser corresponsables de una matanza como la que se acabará produciendo si se invade Irak. Y no queremos que "nuestros representantes", mediante los cuales "participamos en los asuntos públicos" (artículo 23.1 CE), voten a favor de dicha matanza. Esto es lo que unifica la protesta de los actores en la entrega de los premios Goya, las manifestaciones en todas las capitales de provincia del sábado 15 de febrero, la sorpresa de Operación Triunfo en TVE, el discurso de la drag queen el pasado viernes en el carnaval de Tenerife, el manifiesto del profesor Juan Antonio Carrillo que fue leído ayer tarde en Morón de la Frontera o el discurso de Emilio Lledó en la entrega de medallas con motivo del 28-F.

El hombre no es un "ser para la muerte", como propuso Heidegger, sino un "ser para la vida", decía Emilio Lledó. Una vida que debe ser afirmada frente "al pestilente humo de las bombas que amenaza traspasar los aún limpios cielos del nuevo siglo". Esto es lo que se va a decidir en las próximas semanas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es lo que nuestros representantes tienen que decidir el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Cada uno de nuestros representantes, que es portador de un "mandato representativo" y no está sometido a "mandato imperativo" de ningún tipo (artículo 67.2 CE). Ningún parlamentario puede escudarse en la Constitución para justificar su voto. Todo lo contrario. La Constitución lo protege contra la disciplina del partido. Si vota a favor de la guerra es porque así lo ha querido personalmente y no porque se lo hayan impuesto desde el Gobierno y desde la dirección del grupo parlamentario. Cada palo tiene que aguantar su vela.

Como la aguantó el presidente de la Junta de Andalucía en su discurso en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las medallas de Andalucía. Aunque nos encontramos ante una materia que es inequívocamente una competencia exclusiva y excluyente del Estado, en la que las comunidades autónomas no deberían tener nada que decir, el presidente de la Junta de Andalucía no dudó en "aprovechar el Día de Andalucía para liderar el rechazo a la guerra" (Abc). E hizo bien.

Cuando lo que está en juego es la guerra y la paz, no hay sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que valga. El presidente de la Junta de Andalucía no puede ni debe pronunciarse sobre la política internacional del Gobierno de España, aunque no esté de acuerdo con ella. Y es una regla que ha venido respetando, como ha puesto de manifiesto la crisis con Marruecos. Pero cuando lo que está en juego es la posible intervención de España en la invasión de Irak, la protesta del presidente de la Junta de Andalucía no sólo está justificada, sino que es obligatoria. Nadie puede permanecer en silencio cuando lo que se está perpetrando es una matanza de proporciones gigantescas.