El Poder Judicial avala por un voto el aumento de penas a reincidentes

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer proponer al Gobierno mejoras en el anteproyecto de reformas penales, tales como la extensión de la jurisdicción española fuera de las fronteras para perseguir el nuevo delito de ablación de clítoris o considerar delito, y no sólo falta, la amenaza doméstica con armas. Sobre el endurecimiento de penas para los reincidentes, se produjo una división de 11 a 10 votos.

Aunque el presidente y los 10 vocales propuestos por el PP aprobaron el informe sobre el anteproyecto de ley que reforma el Código Penal en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica y extranjería, ponen objeciones al tratamiento dado a la multirreincidencia, mientras que los 10 consejeros restantes (propuestos por el PSOE, IU, CiU y el de consenso PP-PSOE) la rechazan de plano la reforma por inconstitucional.

Javier Martínez Lázaro, vocal propuesto por el PSOE, puso el ejemplo de una norma de California, tomada del béisbol, que al tercer delito convertía la pena en cadena perpetua. Frente a esos excesos del "llamado Derecho Penal de autor, que incrementa las penas por pequeños delitos, sólo por su reiteración, debemos esgrimir el Derecho Penal democrático, que castiga los hechos, con arreglo a criterios de proporcionalidad", argumentó.

Cuatro faltas, un delito

En ausencia de una posición más tajante contra el agravamiento de penas a los multirreincidentes o la conversión de la cuarta falta en delito, el informe aprobado por la mayoría defiende que el agravamiento de penas por "delito habitual no es Derecho Penal de autor", si bien admite que "la reincidencia no debería poder transmutar la naturaleza de falta a delito".

En cambio, la propia ponente de la minoría, Montserrat Comas, resalta el consenso respecto al endurecimiento de penas en materia de violencia doméstica y para proponer al Gobierno que promueva la posibilidad de perseguir el delito de mutilación genital aunque se haya realizado fuera de España. El informe acepta que se castiguen con penas de seis a 12 años de cárcel mutilaciones genitales como la ablación de clítoris "por atentar contra la dignidad de la persona", pero sugiere al legislador una medida que impida eludir el castigo mediante la realización del delito fuera de España, a veces aprovechando periodos vacacionales.

Para "garantizar la sanción penal", el Consejo "llama la atención sobre la necesidad de reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir entre los delitos sobre los que se extiende la jurisdicción penal española, cualquiera que fuere el lugar de comisión del mismo, el de mutilación genital, cuando es cometido por personas que residen legalmente en España y que se sustraen a la justicia española desplazándose al extranjero".

Otra mejora que sugiere el Poder Judicial es la conversión en delito de la actual falta de amenaza doméstica leve, "con armas u otros instrumentos peligrosos".

Denominaciones vascas

En respuesta a una consulta de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a consecuencia de una queja del delegado del Gobierno central sobre la utilización en el papel judicial del término Bizkaia, en lugar de Vizcaya, el pleno del Consejo aprobó por 11 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, que el nombre de las provincias vascas "debe figurar en castellano" por ser una ley estatal la que divide territorialmente la Administración de Justicia.

El informe de los servicios técnicos aprobado no ve inconveniente, en cambio, en que "el órgano judicial pueda ser mencionado en las dos lenguas, pero si mezclar palabras en una lengua con las de otra".

El Consejo confirmó a los presidentes de las salas civil, contencioso-administrativa y militar del Tribunal Supremo y designó magistrado de esta última a Santiago Martínez-Vares.