Anticorrupción reclama al Fiscal del Estado la competencia para investigar el 'caso Cajasur'
Álvarez dice que Jiménez Villarejo ha apreciado "indicio de delito" en la actuación de la caja
La Fiscalía Anticorrupción ha enviado al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, la denuncia que ha presentado la Junta por las supuestas irregularidades que los inspectores de la Administración autonómica han detectado en Cajasur, la caja presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalaron ayer que la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, había remitido la denuncia y que había solicitado hacerse cargo de la investigación. Ahora, será el fiscal general del Estado el que decida si Anticorrupción inicia diligencias sobre la denuncia de la Junta.
El Gobierno autonómico presentó el pasado 20 de febrero esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras confirmar unos hechos que, en su opinión, pueden ser delictivos. De los datos recabados por los inspectores, la Junta ha llegado a la conclusión de que hay indicios de apropiación indebida y falsedad en documento contable en la caja. Tras hacer un primer análisis de la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado la documentación a Cardenal y ha pedido hacerse cargo de la investigación, según fuentes judiciales.
La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, valoró ayer esta petición de autorización para investigar, que, a su juicio, significa que Jiménez Villarejo "ha apreciado indicios de delito, sino no pediría la competencia". Álvarez subrayó que para que el fiscal Anticorrupción intervenga es necesario la concurrencia de tres circunstancias: la importancia de la cuantía económica del delito; el que afecte a una multiplicidad de personas; y el hecho de que se trate de un bien social.
En el terreno político, la responsable de Economía aseguró que el paso dado por el fiscal Anticorrupción "clarifica la labor de confusión" que, en su opinión, está desplegando el Partido Popular y más concretamente, su presidenta, Teófila Martínez, "cuya capacidad de meter la pata no tiene límites", aseguró Magdalena Álvarez. Preguntada sobre el fiscal general del Estado, la consejera afirmó que "confía en todo el sistema judicial"; pidió que se dejara trabajar a los fiscales y solicitó "calma" al PP, una formación que calificó de "destructiva".
La inspección ordenada por la Consejería de Economía ha analizado las operaciones de los tres últimos ejercicios en la caja cordobesa. Aunque los datos que han trascendido de la inspección hasta el momento son escasos, la denuncia se funda en operaciones de la caja que, supuestamente, ocultaban apropiaciones indebidas de fondos corrientes de la entidad y de sus presupuestos de la obra social que ascienden a 10,3 millones de euros.
La Administración autonómica también aprecia un posible delito de falsedad documental al no reflejar las auditorías una situación económica fidedigna de la entidad en los tres últimos años.
El Gobierno autonómico concluyó temporalmente la inspección en Cajasur el mismo día que presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El Ejecutivo andaluz considera que los documentos acumulados son "relevantes y pudieran estar fuera del ámbito financiero y administrativo y encontrarse en el ámbito penal".
"Especialmente graves"
Un día después de la presentación de la denuncia, Magdalena Álvarez explicó en el Parlamento autonómico que los hechos detectados pueden ser "especialmente graves" en lo que se refiere a la "cuantía" y a los "afectados". También dijo Álvarez que el asunto afecta a más de un millón de cuentas de la caja, además de a las provincias en las que hay sucursales de Cajasur y en las que la entidad no invierte en obra social.
Asimismo la consejera de Economía dijo sentirse presionada por el Partido Popular y por algunos directivos de Cajasur con la acusación de que podía haber cometido prevaricación.
Un día después de la presentación de la denuncia ante Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó un auto en el que reconoce a la Junta la capacidad inspectora sobre la caja cordobesa, aunque pidió el cese "inmediato" de las tareas del personal de la consultora KPMG, que cumplían labores auxiliares en la inspección de los funcionarios autonómicos. La Junta inició la inspección sobre Cajasur en octubre de 2002 en el marco del plan regional de inspecciones de cajas.
