El PP obliga al alcalde de Almoradí a rectificar sus opiniones racistas pero le mantiene en el cargo
Socialistas y Esquerra Unida exigen la dimisión fulminante de Antonio Ángel Hurtado
El Partido Popular intentó ayer cerrar de manera fulminante la polémica generada por la difusión de las manifestaciones de su alcalde en Almoradí (La Vega Baja), Antonio Ángel Hurtado, pero sin asumir ningún coste político. Los dirigentes del partido -a excepción del presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, que arremetió contra quien grabó y difundió las afirmaciones del alcalde de Almoradí- instaron a Antonio Ángel Hurtado a rectificar sus opiniones racistas pero lo mantuvieron en el cargo. Socialistas y Esquerra Unida exigieron la dimisión fulminante del alcalde.
La polémica política estalló tras difundir este periódico que el alcalde de Almoradí había presionado a las inmobiliarias de su municipio (14.000 habitantes) para impedir que vendiesen casas a "gitanos y moros". Una reprimenda que recibió y grabó el dueño de una inmobiliaria Ulises García por vender un piso a una familia gitana. El propietario de la inmobiliaria remitió copia de la grabación al alcalde pidiéndoles que se retractara de sus manifestaciones, cosa que no hizo.
El lunes, el alcalde de Almoradí, -que, entre otras opiniones, asegura en la grabación que la manera de acabar con las pateras del estrecho de Gibraltar es cañonearlas desde las fragatas de la Marina- intentó restar importancia a sus manifestaciones y tildó los contenidos de comentarios de una conversación informal. Ayer, Antonio Ángel Hurtado explicó que sus manifestaciones se referían a una familia de gitanos muy determinada y que algunas de las expresiones recogidas en la grabación se debieron a un momento de "acaloramiento" por la conversación. Hurtado expresó sus "disculpas" por sus desafortunados comentarios y aseguró que no recoge su forma de pensar.
El secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Francisco Camps, explicó su "más absoluto rechazo, sin paliativos", a las declaraciones del alcalde de Almoradí.
Camps fue tajante al señalar: "Se ha retractado esta misma mañana de esas afirmaciones y ha hecho unas declaraciones al respecto porque le ha obligado el partido a hacerlo". "Este tipo de opiniones no tiene la más mínima cabida en el PP", dijo el dirigente popular, que eludió pronunciarse sobre si la dirección del partido abrirá expediente disciplinario al alcalde de Almoradí, un municipio de La Vega Baja que ya ha registrado distintos episodios racistas.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, pillado a contrapié restó ayer importancia a las polémicas declaraciones. Olivas señaló que las grabaciones como la realizada por el dueño de la inmobiliaria "son ilegales y no sé si tienen ningún valor", por lo que eludió pronunciarse sobre el tema. "No tiene ningún sentido hablar sobre esta cuestión", precisó el jefe del Consell, "y dar crédito a una grabación que puede estar absolutamente manipulada".
El responsable del Gobierno valenciano lanzó sus críticas más tajantes contra los responsables de dichas grabaciones. "Me parece una acto deleznable el que de una forma tan torticera se utilicen instrumentos para grabar conversaciones y tender trampas a personas con las que se está hablando", dijo Olivas que no apreció gravedad en las manifestaciones del alcalde de Almoradí. "Lo que hay que denunciar es que se utilicen estratagemas de este tipo porque entonces ya vale todo", sentenció.
Ulises García, el propietario de la inmobiliaria de Almoradí que decidió difundir el contenido de la conversación con el munícipe por "una cuestión de conciencia social", explicó ayer que desde que hizo la grabación se había puesto en contacto con el alcalde para decirle que la conversación estaba grabada, con el deseo de que se retractara, extremo que no se produjo. En una ocasión, según indicó el dueño de la inmobiliaria, el alcalde le reprendió por haberle grabado y le dijo si a partir de ahora debería llevar un detector de grabaciones, al tiempo que le daba unas palmaditas en la espalda y le decía: "Ya sabemos quién eres". El alcalde insistió ayer en que no piensa dimitir ni discutir la polémica en el pleno municipal. Antonio Ángel Hurtado, que tuvo palabras de agradecimiento para Olivas y dijo que el resto de grupos municipales le apoya, dijo que ha encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que estudien la posibilidad de querellarse contra el dueño de la inmobiliaria.
Socialistas y Esquerra Unida reclamaron ayer la dimisión fulminante de Hurtado. El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, aseguró ayer: "No tiene más remedio que dimitir. No puede durar más de un día".La reacción a las declaraciones formuladas por el alcalde popular de Almoradí fue de rechazo generalizado. Numerosas organizaciones exigieron ayer la dimisión del primer edil. Joan Ignasi Pla lamentó en Castellón que las afirmaciones racistas hayan surgido de un "responsable político" porque, según dijo, "creo que lo que hacen es alimentar un sentimiento de agravio" ante los inmigrantes y añadió: "Por mucho menos, otros responsables políticos han dimitido", informa María Fabra. Pla destacó que lo sucedido aporta una "imagen nefasta de lo que es la capacidad que tenemos los valencianos de ser un pueblo integrador". Joan Antoni Oltra, portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas reclamó la "dimisión inminente de Hurtado por sus palabras de claro matiz xenófobo y que permiten explicar hechos ocurridos anteriormente en el barrio de La Cruz de Galindo" en junio de 2000, tras la quema de varias viviendas de gitanos a manos de unos exaltados. "El PP debe expulsarlo, si no pensaremos que está de acuerdo con las manifestaciones de su alcalde", dijo Oltra.
El Sindic de Greuges, Bernardo del Rosal, calificó de "lamentables" las manifestaciones del alcalde y le recordó que "la propia Ley de Extranjería reconoce derechos fundamentales a los inmigrantes".
El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafá Merabet, también pidió ayer en Madrid la dimisión del alcalde de Almoradí. Merabet exigió al PP "que esté a la altura de las circunstancias" y "dé una lección al resto de los cargos que puedan pensar igual y no tengan el atrevimiento de decirlo públicamente".
Sandra Díez, responsable de la Secretaría de Inmigración de UGT, explicó que las palabras de Hurtado son "claramente racistas y altamente peligrosas". Díez valoró el "coraje y valor del empresario que grabó la conversación con el alcalde y la ha sacado a la luz, pues ha demostrado ser una persona digna", informa María C. Martínez. El coordinador de la sede de la Universidad de Alicante en Orihuela, Gregorio Canales, que ayer presentó un ciclo de conferencias sobre inmigración que se celebrarán en el municipio de Hurtado, manifestó: "En mi pueblo, en Almoradí, no somos racistas, a pesar de la opinión que se pueda trasladar al resto de la sociedad por las manifestaciones de algunos pocos".
Recuento de extranjeros
Por otro lado, Camino Remiro, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, tachó ayer de "racista" un censo de peatones que ha realizado el equipo de gobierno en el marco de un plan para rehabilitar el degradado centro histórico. El censo incluye el número y el lugar de procedencia (magrebíes, hispanoamérica, subsahariano, europeo y español) de peatones que circulan por la calle de San Francisco, una de las más concurridas por población inmigrante.
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