Interior congelará durante tres años las licencias para instalar máquinas tragaperras

El Gobierno vasco no concederá más permisos para instalar máquinas tragaperras durante al menos tres años, plazo que se ha marcado la Dirección de Juego y Espectáculos en un decreto que aprobará en breve para planificar este mercado. Según la citada dirección, dependiente del Departamento de Interior, el número de aparatos existente ahora, un total de 12.600, permite atender de manera "adecuada" la demanda de los ciudadanos hacia esta modalidad de juego. El crecimiento por encima de esta cifra conllevaría el riesgo de exceder la oferta.

El sector de las máquinas tragaperras ha experimentado un descenso sostenido desde el año 1990, cuando la Dirección de Juego y Espectáculos, que encabeza Alberto Sanz, optó por racionalizar un mercado saturado. En ese momento, el parque de máquinas ascendía a 16.700. "El Gobierno quería un sector saneado y con crecimientos moderados, como cualquier otra empresa económica", señala. Así, la primera medida fue imponer la limitación de que cada bar dispusiera de una máquina como máximo y no dos como podían tener hasta ese momento. Tras esa decisión, que conllevó un descenso vertiginoso en el número de aparatos, el sector se ha ido recuperando hasta llegar en 2002 a las 12.600 máquinas.

Esta cifra es la que el Consejo Vasco de Espectáculos y Actividades Recreativas, que integran el Ejecutivo y Eudel, señaló como adecuada para la población de Euskadi hace unos años. Sanz reconoce que esta circunstancia unida al hecho de que empresarios del sector comenzaron a entrar en el País Vasco al comprobar que en las comunidades adyacentes no se daban licencias, ha hecho que el Gobierno acelerase el cierre del mercado.

Las máquinas se reparten entre 11.000 bares y los 90 salones de juego y 21 bingos abiertos en Euskadi. La media de recaudación bruta de una tragaperras asciende a un total de 10.818 euros al año. Cerca de 3.600 euros se destinan a pagar los impuestos y el resto se lo reparten entre la empresa que explota el aparato y el dueño del local donde se halla instalado. Esos casi 11.000 euros que obtiene el dueño al cabo del año sólo suponen el 25% de lo que recibe la máquina, que ha ido entregando en premios durante esos doce meses el 75% restante en premios como exige ley. El premio máximo asciende a 120 euros. La mayoría de las máquinas están explotadas por empresas operadoras y son pocos los hosteleros que cuentan con alguna en propiedad.

Permisos e inspecciones

El director de Juego y Espectáculos insiste en que el proceso de homologación por el que la Administración concede un permiso para poner en la calle una máquina es "muy riguroso", desterrando así la idea de posibles fraudes. Los laboratorios contratados por el Gobierno realizan pruebas a cada aparato de hasta 50.000 partidas para verificar que cumplen con lo exigido respecto al reparto de premios. "Desde hace mucho tiempo no se detectan fraudes, como mucho algunos errores", recalca Sanz. Una vez instalada y funcionando, cada máquina es inspeccionada al menos una vez al año por parte de un técnico adscrito a la Unidad de Juego.

Si el sector de las máquinas tragaperras ofrece un aspecto "saneado", según Sanz, lo mismo ocurre con otras vertientes del juego en Euskadi, como los bingos. Sin embargo, este tipo de locales tienen cada vez menos atractivo entre los ciudadanos. Su número permanece estable en un total de 21 desde hace diez años, cuando en su época más esplendorosa (a mediados de la década de los 80) llegaron a alcanzar los 44. "Se ha intentado evitar la caída", asegura Sanz, "con bingos interconectados, que pueden otorgar un premio de hasta 180.000 euros, pero no ha servido a largo plazo". Ahora, lo que está planteando su departamento es introducir alguna modificación en la mecánica del juego para ofrecer nuevos alicientes a los usuarios.

La profesionalización del conjunto del sector del juego ha contribuido ha erradicar los escándalos relacionados con un mundo habitualmente bajo sospecha. El director de Juego resalta el comportamiento "irreprochable" del sector, al que homologa a cualquier otra actividad industrial. "El sector cumple al 100% con la normativa", enfatiza.