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El PSOE rechaza las reformas del Código Penal sobre inmigración y delincuencia

CiU se opone a la ampliación de 30 a 40 años en el cumplimiento de penas para terroristas

Luis R. Aizpeolea

Los socialistas anunciaron ayer que se opondrán a la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno, con la excepción del apartado que endurece el cumplimiento de penas por delitos terroristas acordado con el Ejecutivo en la sesión del Pacto Antiterrorista del 19 de febrero. El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, aseguró ayer que "no va a haber acuerdo con el Gobierno" en materia de endurecimiento generalizado de las penas que hoy abordará la Comisión de Seguimiento del Pacto de la Justicia. Será el primer desacuerdo de calado tras la firma del pacto.

La reforma del Código Penal de 1995 que el Gobierno del PP propone afectará a 175 de sus 639 artículos y pretende combatir el aumento de las tasas de criminalidad que España ha registrado en los últimos tres años.

El PSOE rechaza la modificación legal que afecta a los inmigrantes irregulares que hayan delinquido, para los que se propone su expulsión automática si las penas a las que son condenados son inferiores a seis años. También se opone a la sustitución del arresto de fin de semana por la prisión de seis meses a tres años para quienes cometan cuatro faltas.

Los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido señalan que la expulsión de inmigrantes con penas inferiores a seis años es "inconstitucional" porque "es discriminatoria respecto de los ciudadanos nacionalizados españoles".

En cuanto a la desaparición de los arrestos de fin de semana lo atribuyen a que el Gobierno "los ha hecho ineficaces al no haber dispuesto de medios". Su sustitución por penas de prisión estiman que "contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Los socialistas también anuncian su oposición a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer la regulación de la prisión provisional. Concretamente rechazan el apartado que propone que puede ser encarcelada una persona encausada por delitos menores de dos años, sin antecedentes penales y simplemente porque "racionalmente pueda inferirse" que puede escapar de la Justicia. "Es un auténtico disparate", señala López Garrido. Tanto López Aguilar como López Garrido ven en la posición del Gobierno "una operación ideológica de descrédito hacia el Código Penal de 1995" y la ven confirmada en las declaraciones que ayer hizo el ministro de Justicia, José María Michavila, sobre dicho Código del que dice que "alienta al delincuente".

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"Pura retórica"

Los socialistas estiman que la reforma legislativa del Gobierno es de "pura retórica e imagen", con la pretensión de "llenar las cárceles", pero "sin abordar la cuestión de fondo". A juicio de López Aguilar y López Garrido, no se aborda "lo fundamental" como es "el reforzamiento policial preventivo y la celebración de juicios rápidos". No obstante, los socialistas respetan dos aspectos importantes de la reforma: la mayor penalización de la violencia doméstica así como del maltrato de los animales domésticos.

Es la primera vez desde la firma del Pacto por la Justicia que el PSOE plantea una oposición radical a las reformas legales del Gobierno.

Por su parte, Convergència i Unió mantendrá sus enmiendas a la reforma del Código Penal y rechazará por tanto elevar de 30 a 40 años de cárcel las penas para los terroristas, según acordó ayer la ejecutiva del partido, informa Josep Garriga. Según manifestó el secretario general de la federación, Josep Antoni Duran Lleida, CiU apuesta por que los condenados cumplan íntegramente los 30 años de cárcel. "Lo que provoca alarma social es que no se cumplan las condenas. El debate no está en aumentarlas sino en garantizar su cumplimiento efectivo", apostilló. Durán añadió que este requisito ya queda asegurado a través del organismo de vigilancia penitenciaria creado por el Gobierno.

José María Michavila y Juan Fernando López Aguilar (PSOE), en una reunión en el Congreso.
José María Michavila y Juan Fernando López Aguilar (PSOE), en una reunión en el Congreso.ULY MARTÍN

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