La rebelión de los jubilados europeos
La reciente intervención de representantes diplomáticos en España de hasta 15 países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, ante el presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, del PP, al que trasladaron su "inquietud y preocupación" por los abusos urbanísticos que sufren muchos de sus conciudadanos propietarios de terrenos e inmuebles en la Comunidad Valenciana, ha dado un nuevo giro a la polémica suscitada por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), cuya aplicación, desde que fuera aprobada en 1994, ha provocado un sinfín de protestas. La ley pretendía ayudar a los ayuntamientos a obtener suelo urbanizable para incorporarlo al mercado, favorecer el desarrollo urbano bajo control público, aumentar la oferta de viviendas e invertir y corregir el proceso por el cual se edificaba antes de urbanizar. Introdujo para ello la figura del agente urbanizador, que se ha convertido en una pesadilla para muchos propietarios y ha desatado un rosario de protestas. Los extranjeros han sido los últimos en organizarse.
Cada día aparecen más casos de propietarios de fincas, casas de campo y apartamentos que se sienten atropellados por la figura del agente urbanizador
Según la nueva ley valenciana de planes de actuación integrada, el agente puede urbanizar el suelo sin contar con el consentimiento de sus propietarios
La LRAU introdujo la novedosa figura del agente urbanizador con el objetivo de quebrar el sistema monopolístico tradicional, que otorgaba en régimen de exclusividad al propietario o propietarios mayoritarios de la actuación la facultad de urbanizar los suelos. Mediante los planes de actuación integrada (PAI), el agente puede urbanizar suelo sin contar con el consentimiento de sus propietarios. En muchos casos, éstos no pueden hacer frente a esos gastos, por lo que se ven abocados a malvender sus terrenos o a asistir impotentes a su expropiación.
Es lo que ha sucedido en diversos lugares. Cada día aparecen más casos de propietarios de fincas, casas de campo y apartamentos que se sienten atropellados por la figura del agente urbanizador. Los afectados, que han constituido asociaciones y plataformas para defenderse de la "descontrolada aplicación" de la LRAU, han anunciado para el día 1 de marzo una protesta masiva en Valencia.
Apoyo de los embajadores
La preocupación de los propietarios extranjeros ha suscitado el apoyo de sus representantes diplomáticos: los embajadores de la UE -salvo Portugal-, junto a los de Noruega, Suiza, Estados Unidos y Canadá, suscribieron una carta dirigida al presidente de la Generalitat reclamando la revisión de la ley y denunciando la "inquietud y preocupación" de sus conciudadanos por los abusos urbanísticos. Peter Torry, embajador del Reino Unido en España, se reunió en diciembre pasado con residentes británicos de la costa alicantina afectados por esta legislación. Algunos le explicaron cómo la aprobación de planes que ejecutan los agentes urbanizadores les deja en una situación difícil: el promotor, que se encargará de instalar luz, aceras, alcantarillado y otros servicios básicos, les exigirá unas cantidades que oscilan entre los 60.000 y 265.000 euros, que, en caso de no abonar, les llevaría a la expropiación forzosa.
"Los afectados no entienden cómo un agente externo tiene más derechos que el propietario de la tierra", explicó Torry. "El problema es que se hace una inadecuada aplicación del agente urbanizador", añade Jaime Sendra, abogado del colectivo de extranjeros afectados.
El asunto ha tenido repercusión en la prensa internacional. Daily Telegraph ha dedicado páginas a la polémica, la cadena BBC ha programado debates, y periódicos digitales recogen testimonios de los afectados. El Daily llegó a titular: Los británicos pueden perder sus casas de la costa al ser expropiadas. La asociación contra los abusos urbanísticos dispone de una web (www.abusos-no.org) con información en inglés, francés, alemán, holandés y español. En la Comunidad Valenciana residen 17.000 británicos, 8.000 alemanes y 6.500 franceses.
Lo cierto es que la ley ha dejado tras de sí un rosario de protestas. En Nàquera, localidad agrícola de Valencia, los vecinos llevan semanas mostrando su ira por los 14 PAI que pretende llevar adelante el alcalde, del PP, que supondrán la urbanización de un 11% de la superficie del término municipal. Uno de los planes, una urbanización de lujo con hotel y campo de golf, se hará sobre unos terrenos de 1,5 millones de metros cuadrados que en un 60% son de monte público. Con el agravante de que el agente urbanizador ofrece a los propietarios particulares más dinero por sus terrenos del que paga por los suyos al Ayuntamiento, que de esta forma hace un extraño negocio.
En Castellón, su alcalde, José Luis Gimeno, del PP, se enfrenta a una querella presentada por los socialistas, que le acusan de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público por la adjudicación de unos terrenos ocupados anteriormente por la estación de Renfe a la empresa Calviga, del grupo Luis Batalla, uno de los más fuertes de la provincia y adjudicatario de la mayor parte de los PAI que la capital ha puesto en marcha.
Algo parecido a lo de Castellón ha sucedido en Alicante, donde el también alcalde popular, Luis Díaz Alperi, ha visto recurrida por la oposición la adjudicación a una urbanizadora de un plan parcial en Benalúa Sur, prácticamente la última zona de primera línea de costa que queda libre. Allí funcionaban hasta ahora dos harineras a las que el alcalde se empeñó en compensar económicamente para que abandonaran la zona mediante la permuta de unos terrenos valorados en 15 millones de euros. Después se ha sabido que el propietario de una de las fábricas era también socio de la empresa urbanizadora.
Pagar o expropiar
En La Vila Joiosa (Alicante) están en marcha 32 planes parciales que amenazan a cientos de propietarios de fincas y viviendas. Entre los afectados está el matrimonio británico Leonard y Teresa Deacon, que compraron una casa de campo en 1993, fueron al Ayuntamiento y comprobaron que la casa no estaba declarada, iniciaron el proceso para pagar los tributos pendientes, y ahora que tienen todo legalizado les amenaza un plan parcial aprobado por el Ayuntamiento de Teulada-Moraira. "Nos citaron unos abogados que decían representar a una promotora y nos exigían el pago del 3,5% -265.000 euros- del presupuesto del plan parcial", dice Leonard, de 73 años. "Nos dijeron que si no pagábamos perderíamos la casa", comentó su esposa. Charles Svoboda, presidente de la Asociación Abusos Urbanísticos No, lamentó la "indefensión e incertidumbre" en la que se encuentran estos propietarios, que por lo general son matrimonios que han decidido jubilarse en la costa del Mediterráneo, y que ahora ven peligrar sus propiedades.
Reforma de la ley
CON LA LRAU, en cumplimiento de los principios que definen al urbanismo como función pública, que establecen la función social de la propiedad y el ejercicio de la libre empresa en las actuaciones privadas, la facultad de urbanizar se obtiene mediante concurso público, en régimen de competencia, publicidad y transparencia, pudiendo resultar adjudicatario el propietario mayoritario, un minoritario o un tercero, pero siempre bajo estricto control administrativo, como corresponde a un delegado público que actúa en nombre del Ayuntamiento y de manera acorde a los criterios del planeamiento municipal". Son palabras del padre de la ley, Gerardo Roger Fernández, director general de Urbanismo de la Generalitat, en 1994, cuando aún gobernaban los socialistas.
Roger es consciente de que la aplicación práctica de la normativa, que ha sido copiada, con algunas variaciones, por otras comunidades autónomas, ha revelado algunas de sus deficiencias. Por eso reconoce que la ley necesita una actualización, y considera que "con algunos reajustes puntuales se puede acotar la discrecionalidad municipal en la adjudicación de los concursos, mejorar la competencia empresarial, garantizar un desarrollo socialmente cohesionado y territorialmente sostenible, así como resguardar de eventuales tropelías los legítimos derechos de los intervinientes en el proceso".
De hecho, la reforma está al caer. El consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, admite que se han producido algunos casos "abusivos", pero achaca la polémica a la "falta de información" de los extranjeros cuando compran terreno y desconocen qué calificación tienen las parcelas. Obvia así que la ley afecta también a propietarios de parcelas agrícolas que de repente se enteran que están incluidas en un PAI, lo que les obliga a pagar las obras de urbanización.
