El juego de las diputaciones
Entre las múltiples declaraciones que acostumbra a producir un viaje político como el del conseller Mas a Quebec, sorprende la ligereza con la que se ha referido a las diputaciones. Éste es un tema recurrente que a menudo utiliza, como distracción, tanto el nacionalismo catalán como el español. Unos para mostrar su aparente repugnancia política hacia las provincias como algo ciertamente extraño a la historia lejana de este país. Los otros para continuar empleando el inútil instrumento de la provincia como arma para difuminar la identidad catalana. Pero resulta que en el entorno de la cotidianidad de las diputaciones se juegan muchos intereses de cara a la ciudadanía.
Hoy es sabido que existen diversos obstáculos legales para conseguir simplemente la desaparición de las diputaciones. La Constitución establece las provincias como entidad local y encarga a las diputaciones el gobierno y la administración de aquéllas. A su vez se requiere una ley orgánica para cualquier alteración de los actuales límites provinciales. No era así en la etapa de la Generalitat provisional, cuando por decreto se podía haber cambiado el panorama. Y así lo propuso un cargo de Sanidad, Pere Comas, cosa que le costó su fulminante destitución por el presidente Tarradellas sin que los partidos del Gobierno de unidad rechistasen.
Para normalizar del todo la literatura catalana, acaso nos falta un 'top manta' de libros. No sería, ciertamente, el primero
Respecto a la propuesta de Mas de agrupar todas las diputaciones en una, pequeña, es de entrada algo fruto de la aparente ignorancia. Un estudiante universitario de ciencias sociales, y especialmente de ciencias políticas, debería saber que, siguiendo el enfoque de las preautonomías y del camino estatutario previsto en la Constitución, desde los pactos autonómicos de 1981, tras su plasmación en los estatutos ordinarios y en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 (por cierto, pactada por el PSOE y CiU), en las comunidades uniprovinciales el Gobierno autónomo absorbe la diputación.
Lo más significativo de aquellas declaraciones es que pueden ser interpretadas como el reconocimiento del fracaso de las leyes de ordenación territorial de 1987 (las LLOT), impuestas por la mayoría gobernante en Cataluña sin ningún tipo de consenso.
En primer lugar, está por abordar la reforma municipal que comporte, no la desaparición, pero sí la agrupación de municipios para garantizar que se recibe una calidad similar de servicios en cualquier punto del territorio, se viva en un municipio grande o pequeño.
En segundo lugar, continuamos trabajando a partir de la división comarcal establecida por Pau Vila, hace casi setenta años, con ligeras correcciones. Recuérdese que en aquel entonces uno de los criterios para determinar los límites de una comarca era el tiempo que tardaba en llegar al mercado, por supuesto trasladándose la gran mayoría de la población en carro.
En tercer lugar, está por aplicar la transferencia del grueso de los servicios de las diputaciones a la Generalitat, según preveían aquellas leyes. Y recuérdese también que CiU gobierna tres de las cuatro diputaciones.
En cuarto lugar, se ha comprobado hasta la saciedad el galimatías que ha comportado desmontar la antigua Corporación Metropolitana sin sustituirla por un concierto que garantice el gobierno metropolitano coordinado de cuestiones tan importantes para la gente como el transporte, el agua, la recogida de residuos, etcétera.
En quinto lugar, tras tantos decenios de clamar con razón contra el centralismo madrileño, llevamos más de 20 años de neocentralismo barcelonés con un gobierno de nacionalistas que no impulsa la creación de regiones o veguerías como estaba establecido. Y por último, está por cumplir el mandato de proponer a las Cortes la creación de la provincia única.
En este contexto estamos trabajando en la ponencia correspondiente en el Parlament. Desde la misma, como desde cualquier escaño, podemos oír a muchos diputados alcaldes, de todos los colores, suspirando por lo bajini: "¡Menos mal que tenemos las diputaciones!". Ante esta ponencia, los cuatro presidentes actuales de las diputaciones nos propusieron una vía que parece realista, como mínimo mientras tengamos una mayoría en las Cortes que no parece predispuesta a abonar el camino de la provincia única.
Se trataría de convertir las diputaciones en consejos regionales desdoblando la de Barcelona y la de Tarragona y creando un organismo para el Alto Pirineo, como se prevé en los ámbitos de planificación territorial.
Tarragona debería desdoblarse a partir de la realidad de las comarcas del Ebro. Y en la real zona metropolitana de Barcelona, la antigua región primera, debería funcionar un concierto entre las diversas administraciones. Todo ello sin perjuicio de plantear como horizonte el impulso de la provincia única en el caso de contar con las suficientes mayorías políticas.
De esta manera potenciaríamos la auténtica cooperación del poder local y daríamos aún más sentido a muchas de las funciones que hoy realizan las diputaciones.
Por todo ello reclamo seriedad a mis colegas y que seamos capaces de abordar estos temas pensando en aproximar las decisiones a la ciudadanía y en mejorar los servicios que deberían recibir los ciudadanos.
Rafael Ribó es presidente del grupo de ICV en el Parlament.
