El PP impulsa la ley de bloqueo de la financiación del terrorismo tras tenerla aparcada durante 10 meses

La lucha contra el terrorismo, nacional e internacional, constituye la primera amenaza para la seguridad de España y su asfixia económica uno de los sistemas más eficaces para combatirlo. Sin embargo, el proyecto de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, que pretende trasladar a la legislación española los acuerdos alcanzados en septiempre de 2001 por el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo Europeo, ha permanecido casi 10 meses aparcado en el Congreso. Los grupos de la oposición presentaron sus enmiendas en abril de 2002 y desde entonces no se ha constituido la ponencia encargada de debatirlas.

La Mesa de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso decidió el miércoles sacar a este proyecto de su letargo y compensarlo con un acelerón de vértigo. El próximo día 3 se reunirá la ponencia y dos días después podría quedar aprobado en comisión. Al contar ésta con competencia legislativa plena, el texto pasará de inmediato al Senado.

Andrés Ollero, portavoz del PP, atribuye el parón al cambio de puesto de Ana Pastor, que pasó de subsecretaria de Interior a ministra de Sanidad en julio de 2002; al posterior relevo del presidente de la Comisión, José Manuel Romay, elegido presidente del Consejo de Estado en enero pasado; y al deseo de buscar el máximo consenso para una ley relacionada con la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, la última reunión con el PSOE para intentar pactar esta ley se produjo precisamente la víspera de que Pastor dejase Interior. En todo este tiempo no ha habido ningún contacto. Al menos, hasta el pasado miércoles. Ese día se reunieron representantes del PSOE y del PP con la actual subsecretaria de Interior, María Dolores de Cospedal, y ayer se repitió la reunión con CiU como interlocutor, lo que da idea de la prisa que le ha entrado ahora al Gobierno.

El punto más delicado se refiere a la facultad de la nueva Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, un organismo de carácter administrativo, para bloquear cuentas sin control judicial durante un periodo de seis meses.

El Grupo Catalán ha presentado una enmienda en la que pide que la comisión comunique de inmediato a la autoridad judicial todas las medidas que excedan de la identificación de las personas o cuentas relacionadas con movimientos financieros de los que se presuma su vinculación con el terrorismo, para que dicha autoridad las confirme o revoque en un plazo de 72 horas.

Se trata, según justifica CiU en su enmienda, de establecer un "control judicial temprano", ya que no previo, de medidas que pueden afectar a derechos constitucionalmente protegidos.

Por su parte, el PSOE acepta el bloqueo administrativo durante seis meses, pero exige que éste no pueda prolongarse indefinidamente mientras el juez se pronuncia sobre la solicitud de prórroga, como ocurre con el texto gubernamental. En consecuencia, propone que el juez tenga un plazo máximo de 15 días para autorizar o denegar la prórroga.

Aunque la enmienda del PSOE es más fácilmente asumible por el PP que la de CiU, fuentes del Grupo Catalán indicaron ayer que están dispuestos a eschuchar las razones del Gobierno, simpre que se demuestre que no se está sustituyendo el control judicial por el administrativo.

La ley de bloqueo de la financiación del terrorismo no es la única que estaba en el limbo parlamentario desde hace meses. Le acompañaba el proyecto de ley reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de mayo de 2002, durante la presidencia española de la UE, y al que CiU quiere incorporar a los Gobiernos autónomos con policía propia.