El arquitecto del Bazar España anuncia una querella contra un perito que informó en su contra

El juez del caso Bazar España leyó ayer la sentencia absolutoria de los siete acusados de cinco homicidios por imprudencia grave en el derrumbe de un muro de aquel edificio, el trágico suceso ocurrido en Sevilla el 31 de diciembre de 1998. Todo parecía indicar que dicha sentencia, fruto del acuerdo alcanzado entre las partes para la retirada de las acusaciones a cambio de una fuerte indemnización, acabaría con la historia judicial del drama. Sin embargo, el abogado del arquitecto Luis Recuenco, encargado en su día de la demolición del edificio, anunció ayer la prolongación del caso, ya que su representado se querellará por falsedad documental contra José Orad, el perito en cuyo informe se basaban las acusaciones.

Manuel Soto, letrado de Recuenco, explicó ayer a la salida de la Audiencia de Sevilla que su defendido tenía la intención de iniciar acciones legales contra el perito José Orad por "las falsedades que contenía su peritación judicial". Orad, arquitecto y profesor universitario, realizó a instancia de las acusaciones un informe que señalaba a las obras de demolición interior del inmueble del antiguo Bazar España, dirigidas por Recuenco bajo el encargo de Inmobiliaria Osuna, como causa principal de que el muro del edificio, que quedó en pie, cayera empujado por el fuerte viento en la noche del 31 de diciembre de 1998. La pared, de más de siete metros de altura, sepultó una parada de autobús y provocó la muerte de cinco personas.

"Restitución de la verdad"

En una nota escrita, Recuenco difundió ayer que, una vez finalizado el juicio (que ha durado cuatro años durante los que ha "soportado en silencio la extensísima divulgación de las falsedades contenidas en el informe del perito contratado por la acusación particular") y en orden a conseguir "la restitución de la verdad en la medida que sea posible", así como "impedir que actuaciones similares puedan repetirse", ha decidido interponer de forma inmediata una querella contra Orad por falsedad en documento público. "No vi en mi vida un informe tan parcial. Un perito de parte puede dar su versión, pero no mentir ni falsear la realidad. Incluso lo apuntó el juez de instrucción en uno de sus autos", aseguró ayer el abogado Manuel Soto.

El anuncio de la prolongación de la historia judicial del caso la realizó Soto una vez leida por el juez Rafael Tirado la sentencia en la que, además de a Recuenco, absuelve de los cinco delitos de homicidio por imprudencia grave a los otros seis procesados: los arquitectos técnicos Antonio Camarero y Dionisio García, empleados de Osuna, y los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo Juan García Gil -jefe de licencias y disciplina-, Juan Mauduit, Francisco López Larrinaga y José David Muñoz de la Torre.

La sentencia absolutoria era la conclusión forzosa al proceso judicial tras el acuerdo alcanzado entre las cinco acusaciones y las siete defensas el pasado 7 de febrero. Según lo pactado, las aseguradoras de los procesados, de Osuna y de la Gerencia, cada familia de las cinco víctimas recibirá una indemnización de 270.000 euros.

Además, todas las partes ratificaron el acuerdo escrito en el que los procesados hacían constar "su más profunda consternación y sentimientos" y expresaban el "más sincero pesar" por lo ocurrido. La Fiscalía, que desde el comienzo del proceso judicial defendía que lo ocurrido era constitutivo de falta y no de delito, retiró ayer también su acusación ya que la negligencia leve sólo puede perseguirse a instancia de parte.