El PSPV se basa en la declaración del ex gerente para acusar a Díaz Alperi en el desfalco de Mercalicante

El PSPV mantiene que la declaración judicial de Emilio Clavero, ex gerente de la empresa pública Mercalicante, es suficiente argumento jurídico para extender la responsabilidad penal por el desfalco de seis millones de euros descubierto en la firma a los cinco miembros de su máximo órgano de control: la comisión ejecutiva, que preside el alcalde, Luis Díaz Alperi del PP. El testimonio de Clavero, hasta ahora único imputado, es la base de la querella criminal que ayer presentó el PSPV contra Alperi, los también ediles del PP, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, y los dos miembros del comité ejecutivo por Mercasa. Los querellantes piden a la juez instructora, que impute a los denunciados un supuesto delito continuado de apropiación indebida y/o societario.

En la denuncia, los socialistas mantienen que la actuación supuestamente delictiva del alcalde y demás integrantes de la comisión ejecutiva reside en la distracción de seis millones de euros, cantidad dimanante de certificaciones de obra excesiva y préstamos para ejecutar el plan de expansión de Mercalitante. Este proyecto -construcción de naves frigoríficas y un sistema de mercado electrónico- se puso en marcha en 1999 por unos seis millones de euros, aunque su coste final fue justamente el doble.

En su declaración ante la juez, Clavero aseguró que informó a la comisión ejecutiva de ese extremo, "y que el trato [el de Clavero] con esos consejeros era frecuente y de forma verbal y que le comentó esto [el sobrecoste de las obras] en varias ocasiones".

El PSPV subraya, además, que aparte de la declaración de Calvero esxisten diversos documentos -actas de las reuniones de la comisión ejecutiva - de las que se colige que existe un claro desvío de capital societario.