L'Alcora modifica el plan general para legalizar una empresa por "interés público"

"La única posibilidad de legalizar la actividad de Tierra Atomizada pasa por desposeer al suelo donde está instalada de su carácter de especial protección". De esta contundente manera, un informe del Ayuntamiento de L'Alcora justifica una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que será aprobado el lunes. El informe fue remitido, por motivos desconocidos y ajenos a la tramitación de la modificación, al delegado del Consell en Castellón, Joaquín Borrás. En el mismo se explica que "se ha optado" por la recalificación del suelo "al ser más rápida su tramitación". El concejal de Esquerra Unida en L'Alcora, Julián Lozano, aseguró ayer que pondrá en conocimiento del fiscal los hechos en el que caso de que se modifique el PGOU.

El caso se remonta a 1996 cuando la empresa amplió sus instalaciones sobre un suelo de protección agrícola, que cuenta con una protección especial y no permite actividad industrial. La ampliación se argumentó a expensas de una declaración de interés comunitario, otorgada por el Consell, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en julio de 2001, declarándola "contraria a derecho". Lejos de paliar la ilegalidad, el equipo de gobierno del PP decidió recalificar dicho suelo para eliminar la protección, pero no sólo de los más de 40.000 metros cuadrados que había afectado la empresa, sino en una superficie de hasta 12 millones de metros cuadrados. Es decir, aprobó recalificar todo el suelo de protección agrícola del municipio "para el interés público por haber quedado obsoleta la calificación urbanística", según se argumentó en su día. La modificación ha precisado de un informe de impacto ambiental, emitido por la Consejería de Medio Ambiente, del que fuentes del mismo departamento no pudieron ayer aportar datos. Según explicó ayer Julián Lozano, en el expediente no aparece el informe de impacto, necesario para la aprobación definitiva de la modificación, pero sí el informe remitido al delegado del Consell en Castellón en el que se justifica la modificación tras "el problema suscitado por la sentencia del TSJ" .