El Consell propone un acuerdo a Buñol y Macastre para desbloquear el vertedero de Dos Aguas

La crisis de la basura que se desató hace dos semanas por el bloqueo del acceso al vertedero de Dos Aguas se aproximó ayer a una solución pactada. El Consell propuso a los alcaldes de Buñol y Macastre, Minerva Gómez y José Vicente Sáez, respectivamente, un acuerdo por el que se compromete a construir las plataformas provisionales de las variantes de ambos municipios hasta junio, de modo que los vehículos con los desechos de Valencia y su área metropolitana ya no crucen los cascos urbanos como en los últimos años. El acuerdo, que Gómez y Sáez, de EU, consultarán en sus municipios, implica hasta esa fecha que acepten el paso de camiones, con una serie de condiciones para reducir las molestias. Así, se reduciría el tráfico de vehículos al vertedero entre un 10% y un 20%, de modo que pueda garantizarse el funcionamiento normal de la planta de Fervasa en Quart de Poblet y Aldaia. Además, según explicó a los alcaldes en una reunión el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, el acuerdo impone el uso de camiones homologados para el transporte de basuras, que estén perfectamente cubiertos para evitar la pérdida de lixiviados y residuos, y que formen convoyes que circularán por los cascos urbanos a un máximo de 20 kilómetros por hora y por la noche. "Con estas medidas podemos solucionar tanto el problema de la correcta gestión de los residuos como el de las molestias a los ciudadanos de Buñol y Macastre", afirmó Modrego, que confía en que la propuesta lleve a una "pronta solución".

Horas antes, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, puso a disposición del Consell tres vertederos de la provincia, en Tales, Vilafranca y Cortes de Arenoso para solucionar un problema que es "cosa de días, quizá una semana o semana y media", informa María Fabra. Mientras, el Bloc solicitó a la Fiscalía el informe sobre las "irregularidades administrativas" en la planta de Fervasa.Con el conflicto de las basuras de Valencia en vías de solución, el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, inaugura hoy una nueva planta, la de residuos sólidos urbanos de Alcoi, ubicada en la partida de San Benet. Las obras de construcción finalizaron hace un año, pero aún faltan en la planta servicios básicos como luz, agua, desagües y accesos asfaltados para el tráfico de vehículos pesados. La única energía con la que se contará en la inauguración es la que proporcionará un grupo electrógeno que comenzó a instalarse el lunes.

La apertura de la planta, presupuestada en 2.700.000 euros, se produce con el telón de fondo de las denuncias de los vecinos afectados. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante les dio la razón hace un mes al declarar nulo el acuerdo municipal de concesión de la licencia de obras a la empresa pública Vaersa, sentencia que no ha sido recurrida.

Los vecinos han reclamado la nulidad de la licencia de actividad, denuncian el incumplimiento del PGOU al ser ésta una actividad calificada como nociva, insalubre, molesta y peligrosa a menos de dos kilómetros del casco urbano, y han solicitado la nulidad del estudio de impacto ambiental y la del plan especial para construir la planta, cuestiones aún pendientes en los tribunales.

Zanjas en Real de Montroi

En Real de Montroi, envuelta también desde hace semanas en la disputa en torno a un vertedero, vecinos opuestos a la instalación de residuos tóxicos de VER, SL, decidieron acabar de forma expedita con el acceso de los camiones al abrir con una excavadora dos zanjas de varios metros de anchura y uno de profundidad en el camino rural al basurero, informa Xavier Espanya. A media mañana, un camión intentó pasar, pero fue detenido por varias personas a la entrada del camino, tras lo cual los vecinos excavaron las zanjas para no tener que montar guardia. Para justificar esta acción, miembros de la Coordinadora Tòxics No alegaron que el último tramo del camino "no se encuentra registrado en el catastro municipal y, por tanto, es ilegal".

Las zanjas se abrieron mientras aún perduran los ecos de la dimisión de la alcaldesa, Carmen Ocaña, y del concejal de Medio Ambiente, Francisco Pardo, en el pleno del pasado miércoles. Ocaña defiende que la solución "menos mala" para cerrar el vertedero pasa por indemnizar a la empresa, que reclama 2,28 millones de euros para compensar su inversión. VER, SL, concedería al Consistorio un plazo de 15 años para el pago. Según la ex alcaldesa, el Ayuntamiento ha desembolsado ya "unos 900.000 euros en gasto judiciales durante los últimos seis años". Elegida por la formación Independents per Real tras ser concejal del PSPV, Ocaña baraja ahora la posibilidad de presentarse a las elecciones del 25 de mayo en las listas del PP, partido del que ha recibido una oferta.