La izquierda y el PP obligan al Gobierno a adjudicar 20 licencias de radio por concurso

El Gobierno catalán tendrá que dar marcha atrás y convocar con carácter de urgencia un concurso público para adjudicar 20 frecuencias de radio que en noviembre había otorgado a dedo a cuatro grupos de comunicación catalanes. La oposición de izquierda y el Partido Popular también impusieron a Convergència i Unió (CiU) ayer en el Parlament una reforma de la Ley del Audiovisual para ampliar las competencias del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en la concesión de licencias de radio y televisión, que ahora se limitan a la emisión de un informe no vinculante.

Con total secretismo, sin concurrencia previa alguna y sin el preceptivo plan técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno catalán decidió a finales del pasado año cubrir las frecuencias que aún permanecían libres en el espacio radioeléctrico catalán, 20 según el Ejecutivo y media docena más de acuerdo con los cálculos de la oposición. El diputado nacionalista Pere Lladó aseguró ayer que las licencias se habían concedido "a los grupos de comunicación catalanes que tienen algo que decir en Cataluña": Radio Teletaxi, , Ona Catalana, RAC1 y RAC 105 y Flaix y Flaix Back. Nadie más conoció esta decisión. Ni siquiera los grupos políticos, que, se lamentó ayer Dolors Comas, de Iniciativa per Catalunya, se enteraron escuchando la radio a través de estas frecuencias.

Convocatoria urgente

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, el abogado del Estado y el del Consejo del Audiovisual habían alertado de la ilegalidad de esta decisión gubernamental. El secretario de Comunicación de Presidencia de la Generalitat, David Madí, llegó a afirmar entonces que el CAC "no pinta nada" en este asunto. Ayer, los tres grupos de izquierdas -PSC, Iniciativa y Esquerra Republicana- y el PP hicieron valer su mayoría para obligar a corregir un "acto de desviación de poder del Ejecutivo", tal como lo definió el socialista Josep Maria Carbonell.

La Generalitat deberá convocar ahora con "la máxima urgencia" un concurso público para adjudicar todas las frecuencias de radio que permanecen libres, entre ellas la veintena concedida discrecionalmente. CiU tuvo que votar a favor de este punto ya que había anunciado su voluntad de convocar el concurso tras un periodo de prueba de seis meses.

El segundo punto de la moción fue el que más dolió a los nacionalistas, que votaron en contra. Obliga al Parlament a modificar la Ley del Audiovisual para ampliar sus competencias. Ahora los informes que emite no son vinculantes. Aunque no hay unanimidad sobre las nuevas atribuciones que debería tener, fuentes de la oposición indicaron que "sería un éxito" dar a los informes del CAC carácter de vinculantes.