Las autonomías reconocen el fracaso de sus planes para integrar a los menores inmigrantes marroquíes

Las medidas protectoras para los menores previstas en la legislación española son la causa principal del fracaso en la integración social de los adolescentes marroquíes que emigran a España. Esta paradoja es reconocida por las autoridades de las comunidades autónomas, responsables de su tutela. La mayoría de esos jóvenes cruzan el mar con la ambición de trabajar y ganar dinero rápidamente. Sin embargo, chocan con un mercado laboral cerrado a los menores. La formación que les ofrecen los centros de acogida no les interesa. Y su frustración deriva en conflictos.

La petición del Gobierno de Marruecos para que España "devuelva" a los menores inmigrantes marroquíes no acompañados ha colocado a este colectivo de entre 2.000 y 4.000 adolescentes bajo el foco de la actualidad. La utilización ocasional con fines políticos de los conflictos que protagonizan ha generado en la opinión pública una alarma que ha agravado el problema. Pero lo cierto es que todos los Gobiernos que se han visto obligados a atender a estos muchachos, independientemente del partido que los dirija, reconocen en mayor o menor medida el fracaso de su gestión.

Los responsables de Asuntos Sociales de Canarias (CC), Cataluña (CiU), Madrid (PP), Andalucía (PSOE), Ceuta (PP) y Melilla (PP) coinciden, con ligeros matices, al trazar el perfil de estos menores desde una perspectiva triple:

En primer lugar figuran los chicos que han sido apoyados por sus familiares para viajar ilegalmente, buscar alternativas laborales que no encuentran en el país magrebí y servir de cabeza de puente para el traslado de otros miembros de su entorno. "Ésos buscan integrarse", señala el consejero de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, Marcial Morales. "Quieren trabajar, ganar dinero y enviárselo a sus familias", afirma un portavoz de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña. "Varios de ellos han aprendido formación profesional y han obtenido empleo", apunta el consejero de Bienestar Social de Ceuta, Hamadi Ananou.

El segundo grupo está formado por chicos de la calle. Suelen ser más jóvenes que los anteriores (tienen en torno a 14 años), arrastran problemas de convivencia familiar (declaran haber sido víctimas de malos tratos), poseen mentalidad de adultos y buscan ganar dinero con la mayor rapidez posible. Su número va en aumento.

"Rechazan la disciplina de los centros", dice el consejero ceutí. "Las medidas integradoras a las que los sometemos constriñen su mentalidad y sus ambiciones", opina el consejero canario. "Les cuesta trabajo aceptar la protección que les brindamos", explica la directora del Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid, Esperanza García. "Llegan con la intención de hallar una salida rápida y cuando se encuentran con los programas de educación se produce un desajuste", admite el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Pedro Moya.

Finalmente, están los muchachos que ya eran conflictivos en Marruecos y aterrorizan y arrastran a los otros a cometer desmanes. Suelen proceder de los suburbios de grandes ciudades como Casablanca, Rabat o Tánger; rechazan toda autoridad, y perpetran delitos. Sus actividades quedan amparadas por la Ley de Protección Jurídica del Menor y por los convenios internacionales firmados por España.

Los muchachos pertenecientes a las dos últimas categorías son prácticamente imposibles de repatriar por la dificultad de localizar a sus familias.

El artículo 21 de la Ley del Menor explicita que la entidad pública encargada de su custodia "procurará que el menor esté internado durante el menor tiempo posible" y "prestará atención a la participación de los menores en el funcionamiento interno" de las instituciones de acogida. Estos preceptos se traducen en centros abiertos en los que, según los educadores, es muy difícil imponer disciplina.