La Mancomunidad de la Costa del Sol declara nulo el contrato de la desaladora de Marbella

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental declaró ayer nulo el contrato de construcción y explotación de la planta desaladora de Marbella, que el ex alcalde de la ciudad, Jesús Gil, adjudicó a la empresa Decosol cuando presidía el organismo.

La comisión gestora del ente supramunicipal declaró también tras una votación la "improcedencia" de pagar una indemnización a la empresa concesionaria de la planta, un acuerdo que, al igual que el anterior, contó con el voto en contra del representante de Marbella en la Mancomunidad, Alberto García Muñoz.

"A partir de ahora empezamos a jugar en nuestro campo", señaló al término de la reunión el presidente de Mancomunidad, Manuel Sánchez Bracho (PP). El organismo confía en renegociar "a la baja" el contrato con Decosol, que "reclama 108 millones de euros" por la construcción de la desaladora, con intereses de demora y gastos de mantenimiento de la planta incluidos. Sánchez Bracho considera que "su precio justo son 40 millones de euros".

El organismo supramunicipal, del que forman parte 11 municipios de la zona occidental de la provincia de Málaga, apoyó su decisión de ayer en un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que hace unos días aconsejó declarar la nulidad del contrato suscrito con Decosol por Gil y Gil en diciembre de 1995.

Según Mancomunidad, el informe del Consejo recoge, entre otros motivos de nulidad, que una sequía no ampara obras de esa envergadura; que la empresa Decosol no estaba constituida como tal cuando se contrató la obra; que la institución supramunicipal no contaba con crédito suficiente para acometer el proyecto; y que se realizaron modificaciones del contrato sin respetar los procedimientos legales instituidos para tal fin.

Un dictamen con el que no está de acuerdo la empresa adjudicataria de la planta. "Habrá que ver lo que dicen los tribunales", señaló Rafael Suárez de Lezo, abogado de Decosol, que mostró su disconformidad con la anulación del contrato. "No es aceptable que porque el procedimiento utilizado por Jesús Gil no sea hipotéticamente el adecuado sea motivo para no pagar", manifestó. La empresa esperará a conocer la resolución del Consejo Consultivo para pronunciarse al respecto, aunque el letrado insistió que "en el caso de que la administración de Justicia diga que es nulo, la obligación de indemnizar existe".

"La intención de Decosol es dar el servicio público a los ciudadanos de la Costa del Sol en caso de sequía y mantener las mejores relaciones posibles con la Mancomunidad, pero las administraciones públicas deben pagar lo que dicen sus contratos", añadió el abogado de la concesionaria, que recordó que desde que se construyo la desaladora en el año 1996 "solo se han pagado 2,5 millones de euros".