El profesorado de la concertada cobrará un plus que el PP vetó para la pública

El profesorado, el personal de educación especial y el de administración y servicios de todos los centros educativos concertados de la Comunidad Valenciana -unos 10.000 trabajadores- cobrarán a partir de febrero el llamado "complemento retributivo" autonómico. El mismo que el PP vetó de los Presupuestos de 2003 impidiendo la homologación de los 2.700 maestros que imparten Secundaria en colegios públicos. La proximidad de las elecciones de mayo precipitó, el último día de enero, la firma de un acuerdo que tradicionalmente la patronal ha relegado al mes de junio.

La Consejería de Educación selló hace apenas una semana, el 31 de enero pasado, con la firma de un documento de cinco páginas, el compromiso de pagar a "todo el personal docente con pago delegado, el de educación especial y de administración, a partir del 1 de enero de 2003 el denominado complemento retributivo de la Comunidad Valenciana en cada pago mensual y en las gratificaciones extraordinarias". Se trata del mismo complemento fue denegado por el PP en diciembre para el caso de los maestros que, por razones ajenas a su voluntad, han tenido que reciclarse en los últimos años para impartir primer curso de ESO en los colegios públicos ante la falta de institutos.

El pacto suscrito por las dos grandes patronales de la enseñanza, además de incluir el incremento anual del 2%, fija también los incrementos del apartado de Otros gastos del Módulo de Conciertos que se aplicarán gradualmente en los próximos ejercicios de 2004 y 2005. Es decir, el cupo la Administración transfiere directamente las empresas.

De hecho, el coste global de este plus autonómico para el personal docente de los centros concertados que cobra mediante la fórmula de "pago delegado" (directamente de la consejería y no de las empresas) ya estaba previsto en diciembre en el Anexo I de la Ley 12/2002 de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2003.

La novedad reside en los tiempos. Pese a estar contemplado en los presupuestos del Consell, tradicionalmente las patronales han dilatado hasta junio las negociaciones con los sindicatos acerca del incremento salarial a aplicar sobre los salarios del personal de administración y servicios no incluido en el pago delegado (es decir, que costean directamente las empresas de dinero transferido para gastos de funcionamiento) hasta el mes de junio. Con esto, confirman algunos empresarios, se dispone de mayor liquidez durante un semestre completo. Sin embargo, este año, ante la proximidad de las elecciones autonómicas en mayo, las patronales han precipitado el acuerdo, ante la posibilidad de que se produzca un hipotético cambio en la Generalitat, reconocen.

Doble rasero

Con todo, lo que ha provocado "hilaridad" según los términos empleados por dirigentes de CC OO, ha sido el doble parámetro empleado por el Grupo Parlamentario Popular que vetó en diciembre el mismo incremento para los funcionarios públicos.

Mientras los populares votaban a favor del texto de la Ley de Presupuestos que contemplaba el plus para los docentes de la concertada; vetaba al mismo tiempo una enmienda de Esquerra Unida para incluir también el complemento retributivo de los 2.700 maestros que imparten ESO. Una asignatura pendiente que el propio Síndic de Greuges -que lleva cuatro años pidiendo al Consell que ponga fin a este "agravio comparativo" con el resto de funcionarios del Estado- había logrado arrancar al director general de Personal de Educación, José Antonio Rovira, para el ejercicio 2003.

Según la documentación enviada al Síndic por la Administración Educativa, en noviembre la consejería había "cumplido con los trámites preceptivos de su asesoría jurídica para que los maestros que imparten ESO pudieran percibir las diferencias retributivas". Es más, Rovira en su escrito al Síndic, se comprometía a "incluir una norma con rango de ley, concretamente en la Ley de Medidas Fiscales Administrativas, que se aprobará junto a la de Presupuestos de 2003, el cobro del complemento diferencial". Nada de esto ocurrió. La resolución dictada por la Dirección de Personal en diciembre quedó fuera del texto legal. El Grupo Parlamentario Popular optó por autoenmendar al Consell y rechazó además la enmienda propuesta por EU.