"No vamos a aceptar las políticas activas de empleo sin sus medios materiales"

Joseba Azkarraga (Salvatierra, 1950), consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y veterano dirigente de EA, rechaza haber sido una "pieza clave" en el acuerdo entre su partido y el PNV para las elecciones municipales y forales. Considera bueno el acuerdo para mantener la tensión soberanista, pero cree que habrá problemas para hacer las listas en algunos ayuntamientos. Azkarraga, que denuncia que hay "una ruptura" de la división de poderes en España y que parte de la Justicia ha actuado de acuerdo con el Gobierno, se muestra también preocupado por la división sindical vasca. Siente que su departamento está en medio de esa pelea.

Pregunta. ¿Cómo lleva la acusación de UGT y CC OO, de hacer seguidismo de ELA?

"No es serio que los sindicatos se intenten dar patadas en el culo del departamento"

"Debe permitirse que el proceso judicial comience y finalice en el ámbito vasco"

Respuesta. Pues no bien. Es absolutamente injusta. Tengo la esperanza de que ahora que han finalizado las elecciones sindicales concentradas dejen de meterse unos con otros a través del departamento. No hay ningún tipo de seguidismo, ni connivencia.

P. Pero incluso la patronal Confebask le acusa de seguidismo por no publicar los convenios de eficacia limitada.

R. Tomamos esta decisión tras un dictamen conforme a ley. Hemos dado una salida: publicarlos a título de anuncio. No podemos dar carta de naturaleza a convenios no aprobados por la mayoría. Es una decisión que está recurrida y habrá que esperar. ¿Qué ha beneficiado más a un sindicato que a otro? Depende en qué momento.

P. Muchos afirman que las relaciones sindicales son un desastre.

R. Ese es el problema. Las patadas que entre un sindicato y otro se intentan dar, y valga el término, en el culo del departamento y eso no es serio. Los problemas que tienen los sindicatos deben tratar de resolverlos entre ellos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero no a que trasladen sus problemas al departamento.

P. Hay una queja sindical por el sistema de decisión en el CES y en el CRL, que propicia bloqueos.

R. Puede ser una queja que tenga un carga de razón. Lo que ocurre es que la pierde cuando el destinatario es el Gobierno. Esos dos organismos dependen del Parlamento.

P. ¿Sería partidario de alguna modificación?

R. Posiblemente sí, pero no quiero plantearlo. Sería una intromisión en un ámbito que no nos corresponde.

P. ¿Hay alguna conversación para transferir las competencias de empleo?

R. Estaríamos encantados, pero retomando el leit motiv del PP: defensa del Estatuto. No vamos a aceptar políticas activas de empleo si no vienen acompañadas de los medios materiales para su desarrollo [las cuotas de formación].

P. ¿Entonces, no hay solución?

R. Lo lamentaría mucho, pero la ley está para cumplirla (el Estatuto se aprobó en las Cortes) y si alguien debe estar interesado en hacerlo es el Gobierno español.

P. Pero Euskadi se va a quedar sola entre todas las comunidades.

R. Queda también Andalucía y Extremadura, que ha anunciado que las quiere devolver. El Gobierno debería explicar por qué. Si hemos aguantado 23 años sin esa transferencia, pero desarrollándola, no estamos dispuestos a aceptar una competencia que es una mercancía averiada.

P. ¿Están desarrollando un Inem paralelo a través de Langai?

R. Desarrollamos las medidas de fomento de empleo y las políticas activas a través de los medios propios.

P. ¿Van a competir dos instituciones parejas en Euskadi, una estatal y otra autonómica?

R. Estamos intentando llegar a un acuerdo con el Gobierno español, y esa es nuestra prioridad. Si eso no fuera posible tendríamos que buscar otras fórmulas.

P. ¿En qué fase está la propuesta de desarrollar una Seguridad Social vasca?

R. El estudio está hecho. Nuestra obligación es tener los datos para un posible escenario de Seguridad Social en nuestro país. El gasto actual en pensiones sobre el PIB es de un 1,81%. En 2025 puede llegar 12,3% y en 2050 al 17,4%. Cuando estamos hablando de la SS no lo hacemos a dos años vista. La evolución del índice de natalidad y la mayor esperanza de vida nos obligan a buscar fórmulas.

P. ¿Cuál es su alternativa?

R. La transferencia no la tenemos. Exigimos la gestión del régimen económico porque está en el Estatuto. Planteamos el fortalecimiento de la SS, pero con una previsión social complementaria.

P. ¿Los sistemas complementarios también se ven afectados por la evolución demográfica?

R. Sí, pero es una fórmula más de apoyo. No planteamos una sustitución. Nuestro interés es que la complementaria se lleve a los convenios para que haya aportación del trabajador y de la propia empresa.

P. ¿No es mejor destinar todos los fondos al sistema público?

P. En estos momentos, tal como vemos la situación, es conveniente tener dos sistemas independientes, sin olvidar que la obligación de las administraciones es apoyar la pública.

P. ¿Considera que las ayudas a la familia del País Vasco invitan a tener un hijo?

R. [Risas]. No diría que es suficiente. Es una parte de las ayudas e iniciativas que el Gobierno debe desarrollar para lograr el incremento de la natalidad y para conciliar la vida familiar y el trabajo. Plantear que es exclusivamente natalista es un error. Hay medidas de todo a cien, como las del Gobierno español, o medidas, como las nuestras, que quieren satisfacer el 100% de las necesidades de los ciudadanos.

R. Los sindicatos culpan al Gobierno de no actuar contra la siniestralidad laboral.

R. Hay que asumir estas críticas, aunque no están sustentadas en hechos reales. Tenemos un plan que da resultados en las empresas que a él se acogen, que han reducido la siniestralidad un 50%. Su extensión a todas las empresas del país es un problema presupuestario.

P. ¿Para cuando su plan de empleo?

R. Se está ya negociando con cada uno de los sindicatos. Se nos critica que no hay diálogo social. Éste puede producirse todos juntos o con cada sindicato. Hacemos lo segundo no porque nos guste, sino porque hay centrales que no se quieren sentar juntas, y tampoco la patronal lo desea. La responsabilidad no es de la Administración, sino de la autonomía de las partes. El plan de empleo está prácticamente elaborado y lo estamos trasladando y negociando con los sindicatos. Calculamos que antes de junio lo llevaremos al Parlamento.

P. ¿Con qué principios?

R. Fundamentalmente, el seguimiento personalizado del desempleo de cada parado, lucha contra la precariedad con incentivos al mantenimiento del puesto de trabajo, e incentivos a los colectivos más desfavorecidos (jóvenes, mujeres y parados de larga duración).

P. ¿Cómo están las relaciones con el Ministerio de Justicia?

R. [Risas]. No están. Trabajamos en el ámbito de nuestras competencias. Nos gustaría que la relación fuera fluida, pero no lo es.

P. ¿Cómo se plantea el poder judicial vasco en la propuesta del lehendakari Ibarretxe?

R. Lo mismo que se han descentralizado el legislativo y ejecutivo, que se haga con el judicial. Planteamos un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propio, que tenga una coordinación con el del Estado. Debe haber una descentralización que permita que el proceso judicial comience y finalice en el ámbito vasco.