El silencio de los republicanos

Tras más de 60 años y, justo ahora, cuando algunos de los vencidos de la Guerra Civil española, republicanos desconocidos, simples ciudadanos de la calle en su mayoría, comienzan a contar en los medios de comunicación sus historias de muertes, represalias y humillaciones, surge un aspecto de la situación que plantea un dilema ético nada desdeñable: ¿debe el periodista reflejar en su trabajo testimonios que, directa o indirectamente, relacionen a personas con crímenes, represalias o actuaciones habidas durante la Guerra Civil, sabiendo que en su mayor parte se refieren a personas fallecidas, y que no existen pruebas documentales que los avalen, ya que ni siquiera las hubo en su día o, si existieron, fueron destruidas? ¿Deben estos testimonios, ante tal dificultad (no hay más que recordar los problemas existentes todavía hoy, y que han derramado ríos de tinta, para afirmar con exactitud quién denunció y llevó a la muerte al poeta Federico García Lorca), continuar silenciados para siempre, contribuyendo así a ocultar una parte fundamental de nuestra reciente historia?

Estas preguntas vienen al hilo de un reciente reportaje sobre la represión que sufrió el cuerpo de maestros republicanos en la guerra y posguerra civil española, publicado por este periódico en las páginas del suplemento de Educación, el 27 de enero último, bajo el epígrafe La guerra en las aulas, en el que se daba cuenta de los castigos sufridos por este colectivo, el más penado por la represión franquista a decir de algunos historiadores.

Tres asesinatos

Una de las entrevistadas, María C. Florentina Pérez, maestra, hija y hermana de maestros asesinados, afirmaba en su relato que conocía la razón de aquellas tres muertes acaecidas en los primeros momentos de la guerra. Y hacía referencia a una venganza personal del alcalde del pueblo en el que vivían por un pleito en el que el padre de Florentina había actuado como calígrafo.

Un lector, Luis Andrés Osorio Gullón, se ha dirigido a esta defensora alegando la credibilidad de un medio como EL PAÍS, y para "evitar la posible proyección de grave falta de objetividad y sensacionalismo" que, a su juicio, "puede manchar la información sobre determinados episodios de la triste campaña contra los maestros a raíz de la última guerra civil española". Osorio, cita textualmente una frase de la redactora Carmen Morán, autora del reportaje: "A los tres muertos de Florentina no se les acusó de nada. Pero ella sabe la razón de que les enterraran con los primeros fogonazos de la contienda: el alcalde del pueblo". Para afirmar a continuación que, una vez leído el texto -que no mencionaba el nombre del citado alcalde-, advirtió a la periodista sobre la gravedad de la imputación criminal hecha a una persona que, por la descripción periodística y de la informante, pudiera estar viva y corresponder a un familiar suyo.

El lector afirma que solicitó a la periodista, "ante la falta de contraste con la persona que pudiera identificarse en el reportaje, y dadas las afirmaciones vertidas en el mismo, que averiguara más datos para llegar a la certeza de la persona conocida, que entonces era 'el alcalde de X, un médico dentista', puesto que habría posibilidad de completar la actuación responsable que, como profesional del periodismo, le corresponde para fundamentar la información publicada". La defensora omite en esta columna el nombre del pueblo, que sí cita en su carta el lector, para no aumentar su preocupación.

La redactora confiesa su dificultad para contrastar el testimonio de María Florentina Pérez con otras fuentes, como establece el Libro de estilo de EL PAÍS, dado que ni siquiera conocía el nombre del alcalde mencionado -la entrevistada se negó a facilitarlo- y a quien supuso en todo momento fallecido, lo que hizo saber al señor Osorio cuando contactó con ella.

Carmen Morán afirma que al insistir éste en la gravedad de la acusación hecha, "una delación que podía haber conducido no a uno, sino a tres asesinatos", le comunicó su derecho a escribir una carta al director, o la posibilidad de rectificar, dando su versión de los hechos, en cuyo caso tendría que citarle como fuente. Ninguna de estas fórmulas pareció convencerle. "El señor Osorio", dice Morán, "reconoció finalmente que la persona mencionada era un familiar y que todavía estaba vivo, pero no negó nada de lo publicado. Al saber esto acudí de nuevo a la entrevistada, que tenía 20 años en el momento de los hechos, quien se ratificó en todo lo dicho, sin retirar ni una sola coma. Es más, añadió otros detalles que corroboraban la historia".

Venganzas personales

Esta defensora del lector ha querido saber la opinión de distintos historiadores sobre la oportunidad de publicar o no, cuando comienzan a aflorar después de años de silencio, estos testimonios de difícil contraste. Javier Tusell reconoce que los historiadores tienen una noticia cada vez más aproximada acerca del volumen de la represión que se produjo tras la guerra civil en España y de la que tuvo que ver en la retaguardia de cada bando durante ella, pero admite que "los casos concretos resultan, sin embargo, muy difíciles de investigar por la carencia de documentación escrita y por la reserva de los archivos públicos en materia referida a la intimidad de las personas. Es verdad que, sobre todo en pequeñas poblaciones, la represión estuvo entremezclada con venganzas personales". Y añade: "Los testimonios orales, cuando se refieren a sucesos de ese carácter y tan lejanos, debieran expresarse como un juicio personal, de veracidad posible pero sujeta a una comprobación difícil".

Por su parte, el historiador Santos Juliá diferencia claramente entre los hechos acaecidos en los primeros momentos de la guerra civil y durante ella, y los sucedidos en la posguerra. "Lo que pasó en la guerra fue, casi siempre, producto de actuaciones incontroladas. Mucha gente fue llevada al paredón sin juicio alguno; no fueron ejecutados, fueron asesinados. Lo que sucedió en la gran represión de la posguerra se puede comprobar porque está documentado y archivado. En principio tenemos que fiarnos de los testimonios de las víctimas y arriesgarnos a que pueda salir alguien que diga lo contrario, porque no hay modo de probarlo". No obstante, este historiador sostiene que señalar a alguien concreto como culpable de una actuación, como un asesinato, es suficientemente grave para que se haga previo contraste con otras fuentes. "¿Es posible?, es muy complicado, y creo que sólo podría hacerse a través de una investigación independiente, una especie de Comisión de la Verdad, como se ha hecho en algunos países. Ésa sería una fórmula para que la gente pudiera hablar de lo que pasó e investigar con toda fiabilidad. Habría que sugerirlo para estos casos, porque el lado nacional tuvo la Causa General, pero del lado republicano no ha existido nada similar a una investigación oficial".

Para el historiador Francisco Morente Valero, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que en su tesis La depuración del magisterio nacional relaciona hasta 60.000 maestros depurados, se trata de una cuestión compleja de difícil solución. "Chocan en ella dos principios importantes, uno de los cuales resultará dañado sea cual sea la decisión que se adopte. Frente a la presunción de inocencia que a todos nos ampara, está el derecho de las víctimas no sólo a que se reconozca su condición de tales, sino también a que se conozca y se sancione, siquiera sea moralmente, a los victimarios, y más en una cuestión como la que se plantea, caracterizada por la imposibilidad de las víctimas de denunciar su situación durante las largas décadas de la dictadura y por la imposibilidad igualmente de obtener cualquier compensación por su sufrimiento dadas las peculiares características de nuestra transición a la democracia". Dicho esto, Morente Valero añade que, en casos como el citado, el periodista debe extremar la aplicación de los principios deontológicos de la profesión: la comprobación de las fuentes y el contraste de las opiniones, aunque admite que "en muchas ocasiones será imposible encontrar pruebas documentales o testigos directos de lo que afirma". En este caso extremo, añade, habría que publicar los datos "reflejando que se trata de la versión no contrastada de una parte, evitando que de la lectura se pueda deducir que estamos ante unos hechos irrefutables".

¿Cumplió la autora del reportaje con los requisitos que recomiendan los historiadores? No, en cuanto al contraste de otras fuentes o documentos, como también establece el Libro de estilo de EL PAÍS en los casos dudosos o delicados. Por ello, hubiera sido necesario extremar la cautela haciendo constar, al menos, que la versión de la entrevistada no había podido ser contrastada. Pero también es cierta, como bien aseguran los expertos consultados, la dificultad de contrastar o documentar en la actualidad determinados hechos de la contienda, menos aún cuando, como en el presente caso, el interesado rechaza aportar su versión de los mismos.

Los lectores pueden escribir a la Defensora del Lector por carta o por correo electrónico (defensor@elpais.es) o telefonearla al número 913 377 836.