España gana la primera batalla en defensa de la 'acción de oro'

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Dámaso Ruiz-Jarabo, justificó ayer el poder especial (acción de oro) del Gobierno español para vetar ciertas operaciones en Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa tras su privatización y aconsejó a los jueces que "desestimen" el recurso presentado por la Comisión Europea. Por el contrario, Ruiz-Jarabo, cuyas opiniones no son vinculantes, consideró que la actuación de Bruselas contra Reino Unido por el mismo motivo está justificada.

Los jueces son los que tienen ahora la última palabra. La decisión final sobre la acción de oro española puede demorarse un año. El caso se remonta a diciembre de 2000, cuando Bruselas decidió llevar a España ante los tribunales porque consideró que este poder de veto "vulnera" los principios del Tratado relativos a libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

La adopción de esta decisión llegó tras un agrio debate entre el comisario de Mercado Interior, Fritz Bolkestein, y la comisaria de Transporte, Loyola de Palacio, firme defensora del recurso a este mecanismo por parte de los gobiernos.

La legislación española establece un régimen de "autorización administrativa" que permite al Gobierno oponerse, con la acción de oro, a cualquier operación de "disolución, escisión, fusión, cambio de objeto, cesión de activos o de capital social en una empresa privatizada".

Este mecanismo de veto se introdujo tras la privatización de Repsol, Telefónica, Endesa, Indra, Iberia, Argentaria y Tabacalera. En las dos últimas ya ha expirado. Bruselas también decidió actuar contra Reino Unido, para poner fin al estatuto especial que el Gobierno británico ostenta en la Autoridad Aeroportuaria. El abogado general, hermano del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz-Jarabo, defiende que las autoridades públicas "puedan imponer determinados objetivos de política económica distintos a la búsqueda del máximo beneficio que caracteriza a la actividad privada", como ya hiciera en el pasado en su opinión favorable hacia la golden share francesa en Elf; la portuguesa, que tiene ámbito general, y la belga, que se concentra en el sector de distribución de gas. En este sentido, ayer volvió a considerar que este tipo de actuaciones debe "estimarse compatible con el Tratado", salvo si puede probarse que se utiliza de un modo "discriminatorio no justificado".

Caso británico

Lo curioso es que la opinión de Ruiz-Jarabo sobre el caso español es opuesta a la que sostiene para el caso británico. Los jueces tumbaron en junio de 2002 las conclusiones de este mismo abogado sobre la golden share francesa y portuguesa. Sin embargo, su opinión sobre la belga, basada en que primaba el interés general, prosperó y sobre ésta se basa su recomendación favorable a los jueces hacia la acción de oro española. Ruiz-Jarabo afirma que está "justificada" por razones "imperiosas de interés general", como son la seguridad de abastecimiento, la solidaridad económica y social, y la protección de los consumidores. Además, señala, que la autoridad pública "dispone de un corto plazo para hacer valer su oposición", contra laque además cabe revisión judicial. En el caso de la golden share británica, por el contrario, el abogado general señala que las decisiones que puede tomar la autoridad pública a través de este recurso "no están sometidas a condición alguna ni a control jurisdiccional", por eso aconseja que se actúe contra Londres porque considera que "es contraria a la libre circulación de capitales".

La Comisión calificó de "contradictorias" las conclusiones del ponente y lamentó que se "desmarquen" de la última sentencia del Tribunal de la UE. Los más preocupados son los miembros del equipo de la comisaria De Palacio, que expresaron ayer su esperanza de que Ruiz-Jarabo "haya hecho las cosas con la cabeza", porque si los jueves tumban su opinión jurídica otra vez, quedarán en evidencia los argumentos defendidos por ella misma a favor de la acción de oro.

Lo que más impresionó es que Ruiz-Jarabo cuestione la doctrina seguida por los jueces en la última sentencia contra la acción de oro. Y para ello recurrió a un pasaje de El Quijote, cuando el caballero da a Sancho Panza los poderes de Barataria: "Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo".