El Gobierno expulsará a otros 25 inmigrantes del asentamiento desalojado en enero en Sevilla

La Delegación del Gobierno ejecutó ayer el segundo capítulo de su solución a la existencia de un poblado chabolista durante más de cuatro años bajo un puente de la autovía entre Sevilla y Huelva. El 14 de enero, la policía detuvo de madrugada a 131 personas en el citado poblado de inmigrantes, de los que 44 fueron trasladados a centros de internamiento. En la mañana de ayer, fueron 25 los detenidos, entre ellos cinco menores. La mayoría pertenecían a las familias que quedaron libres en enero al no haber plazas adecuadas para menores en los citados centros.

El asentamiento bajo el puente del Patrocinio, entre las localidades de Sevilla y Camas, estaba ayer casi vacío, según aseguran fuentes cercanas a la intervención policial. De las alrededor de 54 casas de cartón tablas y chapa allí levantadas, tan sólo una veintena estaba habitada. A partir de las nueve de la mañana, un nutrido grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía llamó en todas las puertas e identificó a sus habitantes. Según las mismas fuentes, 25 de estas personas fueron trasladadas a la Jefatura Superior de Policía de la capital andaluza. La intención es que todas ellas regresen a su país de origen, Rumanía.

Según fuentes policiales, los detenidos eran en su mayoría integrantes de las familias a las que se dejó temporalmente en libertad tras el operativo del 14 de enero. En aquella ocasión, se les abrió expediente de expulsión aunque no se ejecutó, ya que tenían menores a su cargo y los centros de internamiento de inmigrantes no disponen de estancias adecuadas para estos. Ahora, lo que se busca es agilizar las expulsiones y evitar elevar hasta el juez la solicitud de internamiento. El plan previsto por el Gobierno es que estas familias vuelen hacia Rumanía lo antes posible.

La Delegación del Gobierno informó ayer a través de un comunicado que 51 personas de este asentamiento tenían su situación migratoria regularizada. De estas, tan sólo 12 fueron identificadas en el desalojo del 14 de enero. Según el Gobierno, el resto habrían llegado al poblado chabolista con posterioridad al operativo policial.

Tras la intervención de hace tres semanas, las administraciones central, autonómica y municipal se enzarzaron en una disputa sobre las responsabilidades que debía cubrir cada cual. Así, la Delegación del Gobierno se ocuparía de la identificación de los inmigrantes y de las expulsiones que fijara la ley, la Junta atendería a la higiene y la escolarización de los menores y el Ayuntamiento de Sevilla proporcionaría vivienda digna a los regularizados.

La Junta se quejó desde un principio por la supuesta falta de información concreta sobre el número de personas a las que se debía atender y se aseguraba que éste era muy superior al dicho por el Gobierno. El delegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, respondía ayer a esas críticas y, tras fijar en 39 los inmigrantes regularizados, urgía a Junta y Ayuntamiento de Sevilla a ejecutar sus compromisos.

Por su parte, desde la Junta se volvió a respaldar ayer la intervención policial, aunque el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, dejó entrever que la Delegación del Gobierno había dejado a medias el trabajo que le correspondía. "La semana pasada nos reunimos los responsables de todas las administraciones y se puso de manifiesto que no se sabía quiénes estaban en el asentamiento", informa Reyes Rincón.

El consejero pidió también un "esfuerzo" a la Administración central en el "sellado" del asentamiento para evitar que lleguen nuevos inmigrantes o que regresen aquellos que tienen abierto un expediente de expulsión. El Gobierno admitió ayer la llegada de al menos 27 personas en situación legal desde el 14 de enero. Entre los detenidos también había algunos inmigrantes llegados recientemente al asentamiento, aunque no se concretó cuántos.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, dijo haber puesto ya a disposición de la Delegación del Gobierno los servicios municipales de limpieza para intervenir en el asentamiento, pero aseguró que el poblado sólo se levantará "cuando desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos sea posible".